La razón de cancelar la comisión fue que no se incluía la acción penal, lo cual la significaría que dispondría de recursos para su operación sin garantizar sanciones; es decir, más costos y burocracia, pero pocas herramientas para castigar con eficacia la corrupción.
Ahora, la nueva institución es llamada Fiscalía Anticorrupción, la cual no tendrá autonomía ni patrimonio propio, y depende de la Fiscalía General de la Nación.
Desde ese momento, se planteó que la Comisión Nacional Anticorrupción sustituiría a la Secretaría de la Función Pública.
En este documento se definió que la Comisión debía de ser un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con facultades para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en materia administrativa cometidos por servidores públicos, así como por particulares, ya sean personas físicas o morales.
Este documento fue el resultado del estudio y análisis de cuatro iniciativas de reformas constitucionales presentadas por diversos integrantes del Senado.