[2]​ El BCR prestó al empresario Bolaños $31,5 millones en noviembre de 2015 para la importación y nacionalización del cemento chino.

[5]​ En total, la banca estatal de Costa Rica le ha prestado a Bolaños $45,5 millones.

El empresario Bolaños se ha defendido afirmando que la intención desde un principio fue romper el duopolio del cemento gozado por las empresas Holcim y Cemex, importando cemento de China a mejor precio y mayor calidad.

Sus prácticas han sido catalogadas como duopólicas por el Gobierno de Luis Guillermo Solís[18]​ y diputados, aunque ellas lo niegan.

[21]​ Los cambios reglamentarios permitieron que el empresario Bolaños pudiera importar hasta 7.000 toneladas de cemento chino.

[4]​ En 2015, el MEIC concluyó que Holcim, Cemex ni Sinocem cumplían con los reglamentos sobre calidad del cemento.

[22]​ Sin embargo, en 2015 el MEIC había afirmado que la calidad del cemento chino era superior al producido en Costa Rica.

[23]​ El BCR había propuesto a la Casa Presidencial financiar la importación del cemento desde China para incentivar la economía.

De $38,5 millones que se le giraron, sólo empleó $12,7 millones para comprar cemento (122.000 toneladas) a Sinobuilding Materials Hong Kong Limited, mientras que otros $12,3 se transfirieron desde Hong Kong a sus cuentas personales, donde los conservó por seis meses antes de devolverlos al banco.

[24]​ El gerente general del banco y defensor del crédito, Mario Barrenechea, fue suspendido el 26 de julio por tres meses mientras se investigan «hechos que merecen la máxima atención» de la Junta Directiva.

[34]​[35]​[36]​ El 27 de octubre, un exfiscal de Delitos Económicos explicó a la Comisión que un letrado del magistrado Celso Gamboa (su subalterno) lo había llamado en varias ocasiones para consultar sobre una investigación contra el subgerente del BCR, Guillermo Quesada.

[43]​ Se trata de un informe que evidencia más de 1000 llamadas entre los diputados Otto Guevara (Movimiento Libertario) y Víctor Morales Zapata (ex PAC), el exdiputado Walter Céspedes (PUSC) y el empresario Juan Carlos Bolaños.

[45]​[46]​ La fiscal general subrogante (segunda en jerarquía en el Ministerio Público), Berenice Smith, renunció el 11 de octubre de 2017 a su cargo por haber solicitado la desestimación del caso contra los diputados a la Sala III.

[47]​ Por otra parte, la Corte Suprema suspendió al magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, para investigar sus relaciones con el empresario Bolaños.

[49]​[50]​ Las oficinas del funcionario y su letrado Juan Pastor López fueron allanadas el 19 de octubre.