Caso del metílico
La venta del alcohol adulterado fue detenida por las autoridades en un plazo relativamente breve, pero la distribución que se había hecho antes de conocerse la toxicidad del mismo explica que se fueran produciendo nuevas muertes hasta mayo de dicho año.
En esas mismas semanas, otras dos personas habían quedado ciegas de forma súbita.
Cuando fue a atender este último caso, las muertes de Canarias ya habían saltado a la prensa y, sospechando una relación causal, preguntó si había consumido alcohol antes de sentirse enfermo.
Ya fuera de España, el 10 de mayo, el diario barcelonés La Vanguardia publicaba la noticia de que 31 vagabundos neoyorquinos habían muerto intoxicados por alcohol metílico aunque posteriormente se pudo confirmar que estas muertes no estaban relacionadas con el metílico orensano.
En la fabricación artesanal de aguardiente se producen pequeñas cantidades de alcohol metílico, a partir del bagazo, ya que la destilación en los alambiques no garantiza una temperatura estable a lo largo del proceso, pero es muy difícil que se llegue a alcanzar concentraciones peligrosas de manera accidental.
Se produce un cuadro de acidosis metabólica y aparecen síntomas nerviosos (mialgias, depresión del sistema nervioso central, temblores, etc.) y problemas de visión que son característicos por daño del nervio óptico: pérdida de visión, visión borrosa y ceguera.
Sin embargo sus clientes lo rechazaron por el olor y sabor anormales, por lo que a partir de diciembre de 1962 pasó a comprar alcohol metílico (75 000 litros; 73 000 según otras fuentes), que no daba esos problemas, al mismo fabricante madrileño.
Otro era la empresa coruñesa Industrias Rosol, de El Burgo, cuyo gerente, Miguel Ángel Sabino Basail Infante, también fue procesado.
Se consideró probado en el juicio que los licores adulterados comercializados directamente por Rogelio Aguiar y María Ferreiro causaron la muerte a veintiuna personas, y dejaron ciegos parcial o totalmente a cuatro personas.
[10] Otros fabricantes e intermediarios utilizaban el alcohol que les suministraban Aguiar o Lago para hacer sus propias formulaciones.
Cuando se conocieron las muertes acaecidas en Canarias y su relación con los licores, los principales responsables de la trama comprendieron enseguida las posibles consecuencias que para ellos podían representar:[12]
Se destruyó u ocultó la documentación comercial que demostraba compras y ventas.
A Aguiar le ayudó su amigo y consejero José-Ramiro Nova Ramírez,[10] licenciado en Derecho, que posteriormente sería condenado por encubrimiento.
Los diferentes organismos oficiales alegaron no tener competencias sobre ese tema o reconocieron no saber cuales fueron «las razones del porqué no fue descubierta oportunamente la existencia y comercio de bebidas alcohólicas elaboradas con metanol», o que «la localización y origen de los hechos afectaron la una reducida zona del territorio nacional (Canarias y Orense)».
Nunca se supo cual fue el número de personas afectadas por la intoxicación.
Oficialmente se admitieron solo 51 fallecidos y cinco personas que quedaron ciegas tras consumir alcohol metílico, pero porque solo en estas personas se confirmó analíticamente la presencia de altos niveles de alcohol metílico en sangre y vísceras.
Muchas otras muertes fueron atribuidas a esta misma causa pero no se pudo demostrar en las correspondientes autopsias, en muchos casos por diagnósticos erróneos (meningitis, ataques cardíacos o, simplemente, «muerte natural»), y en otros porque las propias familias escondieron las circunstancias de la muerte para preservar la memoria del familiar muerto frente a las acusaciones, más o menos veladas, de que había sido cosa de su afición a la bebida.
Pero el alcohol metílico había sido comercializado en una área mucho más amplia, distribuyéndose en muchas provincias españolas, en las colonias (Sáhara y Guinea Española), algunos países europeos y en Estados Unidos.
Por proporcionar un ejemplo, una de las empresas procesadas, Casa Barral, de Orense, vendió distintas bebidas con alcohol metílico en Navarra, Bilbao, Granada, Melilla, Gijón, Tenerife, Cádiz, Huelva, Zaragoza y Port Bou (Gerona).
Durante el juicio también se mencionaron otros destinos como Alemania, Suiza, Bélgica y Dakar.
La gente bebía solo agua y se prohibió la venta en bares y restaurantes, así como en tiendas, hasta conseguir finalmente que en dos o tres meses se pudiera asegurar que el consumo de alcohol era seguro.
Además del fiscal, actuaron cinco acusaciones particulares y trece abogados defensores.
[2] Solo declararon dos peritos: Manuel Ortega Mata y Esteban Vallejo, del Instituto Nacional de Toxicología.
[22] Las empresas Lago y Hijos e Industrias Rosol fueron declaradas responsables civiles subsidiarias.
Tampoco se hicieron efectivas las indemnizaciones acordadas, ya que todos los acusados se declararon insolventes y sus empresas en quiebra, con lo que ninguno de los damnificados pudo cobrar nada.
Con la ayuda de Fernando Seoane, fiscal del caso, Méndez trabajó durante cinco años.
[32] Según Lago, la sentencia fue «injusta» y el juicio «plagado de irregularidades».
En marzo de 2013, Fernando Méndez publicó el libro METÍLICO, 50 años envenenados (Editorial Sotelo Blanco).
En esta obra se aportan, entre otros, nuevos datos sobre la farmacéutica María Elisa Álvarez Obaya, descubridora en Canarias de los envenenamientos, y se recogen nuevas fotografías y documentos sobre el caso del metílico.
