Se conoce como Caso Skanska a la investigación llevada a cabo en Argentina a partir de 2005 para determinar si en ocasión y con motivo de la construcción de dos gasoductos, en el norte y el sur del país la empresa sueca Skanska habría pagado sobornos a funcionarios públicos y utilizado facturas apócrifas para encubrirlos, así como si durante el proceso de contratación y construcción se hubieran producido otros hechos irregulares.
En 2011, un peritaje de determinado por la Corte Suprema, descartó que haya habido "sobreprecios".
[4] La administración kirchnerista aseguraba que "quienes habían usado facturas apócrifas, es decir, quienes habían delinquido evadiendo impuestos, son empresas anunciantes en los distintos medios de comunicación".
[cita requerida] Enargas argumentó haber forzado la contratación de dicha empresa por TGN Techint planteando que éstos demorarían la concreción de un contrato para la construcción del gasoducto para mantener alto el precio del gas.
La Cámara Federal dijo que hubo una “decisión política” de hacer las obras frente a la crisis energética y la necesidad de suministro de gas en el invierno de 2005; y considera justificados los presupuestos que pasaron las empresas contratistas (junto con Skanska, TBU y Techint en el caso del gasoducto del Norte y Odebrecht en el del Sur) pese a que superaban a los proyectados por las gerenciadoras.
Según los camaristas el juez construyó la teoría de las coimas en el “plano especulativo” cuando “se vio frente a una vía muerta al intentar avanzar en la ruta del dinero que salió de Skanska”.
Entonces “redireccionó la encuesta a averiguar si esa empresa obtuvo algo sobre la base de lo cual debía recompensar”.
Según el texto hubo un razonamiento “forzado” que “posiblemente” haya intentado “encontrarles explicación a las comisiones indebidas denunciadas en un origen”.
[5] Consecuentemente, Casanello citó para declaración indagatoria a 29 personas que incluyen exdirectivos de Skanska, contadores, funcionarios y otros empresarios.
Este proceder lo realizaron en contra de lo aconsejado por la empresa TGN que, además, había advertido sobre la diferencia significativa entre el presupuesto inicialmente aceptado y el finalmente determinado por los funcionarios.
[7] La Sala I analizó las irregularidades que constató en el trámite interno seguido en Skanska por la oferta presentada por la empresa así como en los pagos respaldados por las facturas consideradas falsas que no respondían a servicios efectivamente prestados y analizó la intervención que tuvo en los hechos cada uno de los empleados procesados, concluyendo que era correcta la atribución de responsabilidad penal a Javier Azcárate, Juan Carlos Bos, Ignacio De Uribelarre, Alejandro Gerlero, Héctor Osvaldo Obregón, Mario Alberto Piantoni, Gustavo Angel Vago, Eduardo Pedro Varni y Roberto Zareba.
[7] Según la resolución, Jorge Raúl Butti, Renato Francisco Cecchi, Walter Domingo Cecchi, Pedro Ubaldo Carrozzo, Juan Cruz Ferrari, Alfredo Greco, Rubén Horacio Gueler, Estela Lucía Insenga, Alejandro Kovacic, Claudio Alfredo Moretto, Alejandro Marcelo Porcelli, Danimiro Jorge Norberto Roldán, Enrique Félix Rubinsztain y Miguel Ángel Spital eran los responsables del mecanismo ideado para extraer los fondos de Skanska y redireccionarlos a los funcionarios sobornados, utilizando al efecto facturas de las empresas ASM S.A., Azuis S.A., Acquasa S.A., Berniers S.A., Conaza S.A., Coniseht S.R.L., Constructora La Nueva Argentina S.A., Constructora Triple T. SRL, Cooperativa de Trabajo y Consumo Cris Ltda., Cunumí, S.A., Darom Construcciones S.R.L., EchoArgentina S.A., Generart S.A., Inargind S.A., Infinity Group S.A., Iris S.R.L., Metalúrgica Cecchi y Gafforini S.A., Metalúrgica Roldan S.A., Nae de Larrasaro S.R.L., Obrytel S.R.L., Sol Construcciones S.R.L, Spital Hermanos S.R.L., Transporte Arco y Wikan Obras y Servicios S.A. por servicios no prestados Skanska.
En forma paralela a la investigación del pago de sobornos tramitada ante el fuero federal, se abrió una causa a cargo del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart por el tema específico de la falsificación de facturas y se consideró probado que Skanska había registrado pagos respaldados por 118 facturas apócrifas a al menos 23 empresas fantasma o irregulares, una de las cuales era Calibán, luego denominada Infiniti Group.