Esporádicamente aparecieron vídeos de personas estafadas a las que supuestamente se les había devuelto el dinero.
Además se logró identificar que dentro de los usuarios inversores habían servidores policiales, militares y hasta funcionarios públicos.
Se presentó como Miguel Nazareno, militar en servicio activo que había solicitado su retiro voluntario.
[7] La inició partió desde el ingreso del parte policial en donde se describía los hechos y el respectivo oficio de la Superintendencia de Bancos en la que se negaba autorización alguna a Big Money para servicios financieros.
Fiscalía, por otra parte, anunció que nada le impedía a Nazareno devolver el dinero a sus supuestos inversores ya que no pesaba orden de captura en su contra, ni proceso judicial, ni se había confiscado sus bienes.
Las condiciones para que se de la devolución incluían desde certificados bancarios, documentos personales y oficios dirigidos a Don Naza, todo detallado en el sitio web www.donnazaquevedo.com.
Las personas contactadas esperaban en el lugar acordado y eran subidos a vehículos en donde se les colocaba capuchas en sus cabezas para que no puedan ver nada, ni siquiera el rumbo que tomaban; luego de varios minutos, les entregan el dinero y les obligaban a aparecer en vídeos en las que agradecían a Nazareno por su ayuda y por la devolución con la frase «¡Don Naza si cumple!».
Los procesados Miguel Ángel Nazareno (conocido como Don Naza), su supuesta esposa Gabriela Bustamante y su sobrina Dayana Suárez fueron convocadas a la audiencia pudiendo asistir de manera telemática mediante videollamada.
En consecuencia, la fiscal Proaño Vélez procedió a formular cargos en contra de los 3 implicados, con lo cual se dio inicio al proceso judicial penal en su primera etapa de instrucción que duraría 90 días.
Además fue solicitada la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, el juez Bowen Lavayen no dictó esa medida y dictó medidas sustitutivas como la presentación periódica ante la unidad judicial una vez por semana, la prohibición de salida del país, y la prohibición de enajenar bienes para los tres procesados.