Las principales críticas fueron por la contaminación ambiental y la explotación desmedida de bosque nativo que significaría el proyecto, como también su incompatibilidad con otras actividades como la salmonicultura y el turismo, lo que provocaría perjuicios económicos a estas industrias.
[4][5][6][7] Rechazo que con el paso de los meses empezó a sumar al alcalde de Puerto Montt Raúl Blanco,[8] a científicos, ONG internacionales y parlamentarios —entre ellos la «bancada verde», integrada por los diputados Guido Guirardi, Alejandro Navarro y Arturo Longton—.
[10] Dicha situación derivó en acusaciones de influencias políticas indebidas a favor del proyecto por parte del Gobierno, incluyendo críticas al intendente en aquel entonces, Rabindranath Quinteros, por ser «juez y parte».
[18] No obstante que el proyecto fuera aprobado, este nunca pudo ser concretado.
Si bien la Corte Suprema confirmó que la resolución de calificación ambiental estaba ajustada a derecho, la judicialización del proyecto retrasó su puesta en marcha, como también lo hizo la tramitación de la concesión marítima para la construcción del puerto.