El Caso Ciccone (en ocasiones llamado Boudougate[1]​[2]​) es el nombre con el que se conoce en Argentina a un escándalo de corrupción política en dicho país que involucra al exvicepresidente Amado Boudou y la imprenta Ciccone Calcográfica (luego Compañía de Valores Sudamericana).

[5]​[6]​[7]​ El fiscal federal Carlos Rívolo decidió iniciar la investigación judicial a partir de la denuncia de Muñoz,[8]​[9]​[10]​ que había sido realizada en el programa radial que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre.

[11]​ El juez elegido por sorteo para llevar adelante la causa fue Ariel Lijo.

[18]​[19]​[20]​ En julio de 2021 se le concedió la libertad condicional a Boudou y Núñez Carmona.

[23]​ La empresa London Supply,[24]​ contratista del Estado Nacional (aeropuertos Almirante Marcos A.

London Supply pagó el dinero "en nombre de" la empresa fantasma llamada "The Old Fund",[25]​ representada por Alejandro Vandenbroele; como resultado, Vandenbroele pasó a ser el presidente de la empresa.

[32]​ Su testimonio no tendría valor judicial dada la relación matrimonial con Vandenbroele y el conocimiento limitado de sus actividades en curso.

[50]​[51]​ Pese a esto, en declaraciones posteriores declaró que en su momento alertó de que el Ministerio no podía ni debía opinar sobre el pedido de la empresa.

Desde el juzgado de Lijo se señaló que "no es imprescindible su declaración porque ya declaró, porque tenemos su dictamen y porque tenemos el dictamen de Boudou.

[74]​[75]​[76]​[77]​ Amado Boudou aceptó ser reporteado en vivo desde su despacho en el Senado de la Nación por los periodistas Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda en el programa del canal Todo Noticias del Grupo Clarín.

[78]​ También fueron citados para indagar: José María Núñez Carmona,[79]​ Alejandro Vandenbroele,[80]​ Rafael Resnick Brenner[81]​ (exjefe de asesores del títulas de la AFIF Ricardo Echegaray), Nicolás Ciccone[82]​ y Guillermo Reinwick[83]​ Amado Boudou pidió ampliar su declaración.

"[90]​[91]​ En diciembre de 2014 el juez Lijo ordenó el allanamiento del Ministerio de Economía, donde obtuvo documentos en los que constan los gastos en viajes realizados por Boudou entre 2009 y 2011, mientras fue ministro.

[107]​ En agosto de 2016, el fiscal Jorge Di Lello requirió la elevación del caso a juicio oral.

El tribunal que condenó al exvicepresidente se encontraba conformado por los magistrados Pablo Bertuzzi (luego designado por el ya entonces Presidente Mauricio Macri en un cargo superior en la Cámara Federal), Nestor Costabel y Gabriela Lopez Iñiguez (jueza que ya había favorecido a ex funcionarios kirchneristas en fallos anteriores).

[117]​ Los tres jueces lo encontraron culpable pero esta última consideró que no debía quedar detenido.

280 que le autoriza a no dar los argumentos y la condena quedó firme.

[22]​ Laura Muñoz denunció varias veces haber sido amenazada por sus declaraciones[121]​[122]​[123]​[124]​ e incluso solicitó protección como testigo temiendo ser atacada por su exesposo.

Como resultado, abandonó el país dado que decía temer por su vida,[61]​[64]​ aunque existen algunas dudas sobre su denuncia dada la falta de testigos y el tiempo que tardó en realizarla.

[127]​ La propuesta fue resistida inicialmente en el BCRA dado que la inestabilidad financiera de Ciccone que no le hubiera permitido cumplir con los estándares requeridos para trabajar con el Estado: la empresa no había hecho todos los pagos de impuestos requeridos, y se había enfrentado a una bancarrota poco tiempo antes.

[132]​[133]​ La oposición intentó hacer juicio político a Boudou pero no lo logró dado que en ambas cámaras del Congreso tenía mayoría el kirchnerismo.

La empresa fue estatizada cuando Amado Boudou aún era vicepresidente y ya había sido denunciado, sin que se pudiera saber quienes eran los dueños de la empresa ni nadie se presentara a reclamar el dinero de indemnización.