Las operaciones parapoliciales eran llevadas a cabo por varios grupos de extrema derecha o neofascistas, tales como el Batallón Vasco Español, la Alianza Apostólica Anticomunista o los mismos GAE, y tenían por blanco a los colectivos proscritos durante el régimen franquista, especialmente los militantes de izquierda y los nacionalistas vascos.
Los tanques de gas del bar explotaron al poco del derrumbe, un balcón cayó sobre la acera y el Chrysler aparcado se partió por la mitad, descubriéndose más tarde la parte delantera en un montículo frente al edificio.
Al día siguiente los GAE reivindicaron la responsabilidad del atentado en una llamada telefónica a El Diario Vasco, y anunciaron que más tarde publicarían un comunicado de prensa, explicando los propósitos y motivaciones del ataque.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Partido Comunista de España (PCE), Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna (HB) hicieron una declaración a la prensa manifestando que acciones como esa daban «la medida del odio al pueblo vasco y del género de quienes lo practican».
El pleno municipal de Baracaldo convocó una sesión extraordinaria para condenar el ataque, y el alcalde peneuvista lo definió como un «asesinato en masa».