Los Actos Institucionales funcionaron como normas que legitimaban las órdenes dadas por el gobierno, bajo dominio de las fuerzas armadas, estableciendo en la práctica poderes extra constitucionales para el nuevo régimen.
Recién en 1967 se puso en vigor una nueva Constitución elaborada por el gobierno militar, pero inclusive ésta se vio alterada por el AI-5 del presidente Artur da Costa e Silva, que en la práctica modificó la propia Constitución elaborada por el gobierno militar.
La posterior Constitución de 1969, también redactada según las imposiciones del régimen, fue asimismo modificada por nuevos "Actos Institucionales" en la época del presidente Emilio Garrastazu Médici.
Los Actos Institucionales fueron dejados de emitirse durante el gobierno de Emilio Garrastazu Médici, en tanto se esperaba que el mecanismo represor del régimen ya había quedado suficientemente establecido.
No fue sino hasta el gobierno del general Ernesto Geisel que empezaron a derogarse los Actos Institucionales más represivos, hasta que fueron legalmente abrogados en su totalidad por el régimen democrático instalado en 1985.