La Fundación Estadounidense para la Igualdad de Derechos ( AFER ) fue una organización sin fines de lucro activa en los Estados Unidos desde 2009 hasta 2015. La organización se estableció para apoyar a los demandantes en Hollingsworth v. Perry (anteriormente Perry v. Brown o Perry v. Schwarzenegger ), una demanda federal que impugna la Proposición 8 de California bajo las Cláusulas de Debido Proceso e Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos . AFER contrató al ex Procurador General de los Estados Unidos Theodore B. Olson y a David Boies (que trabajaron en lados opuestos en Bush v. Gore ) para liderar el equipo legal que representaba a los demandantes que impugnaban la Proposición 8. [1]
AFER se lanzó en la primavera de 2009 como patrocinador único de Perry v. Schwarzenegger , el desafío constitucional federal a la Proposición 8 de California. La organización fue cofundada por los consultores políticos Chad Griffin y Kristina Schake. [2] La organización cerró en 2015. [3]
La AFER estaba gobernada por una junta directiva de siete miembros. El presidente de la junta era Bruce Cohen y la tesorera era Michele Reiner. Otros miembros de la junta incluían a Dustin Lance Black , Chad Griffin , Jonathan D. Lewis, Ken Mehlman y Rob Reiner . [4]
El consejo asesor de AFER estuvo copresidido por Robert A. Levy , presidente del Cato Institute , y John Podesta , presidente y consejero del Center for American Progress . Los miembros del consejo asesor incluyen a Julian Bond , Dan Choi , Margaret Hoover , Dolores Huerta , Cleve Jones , David Mixner , Stuart Milk , Hilary Rosen y Judy Shepard . [5]
En enero de 2010, Theodore B. Olson publicó un ensayo de portada en la revista Newsweek titulado "El argumento conservador a favor del matrimonio homosexual", en el que Olson argumentaba: [6]
Legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo también sería un reconocimiento de principios estadounidenses básicos y representaría la culminación del compromiso de nuestra nación con la igualdad de derechos. Es, según han dicho algunos, el último hito importante en materia de derechos civiles que aún no se ha superado en nuestra lucha de dos siglos por alcanzar las metas que fijamos para esta nación en su formación. Este principio fundamental estadounidense de igualdad es central para las convicciones políticas y jurídicas de republicanos, demócratas, liberales y conservadores por igual.
Adam Nagourney y Brooks Barnes del New York Times describieron enfoques como el de AFER como: [7]
La dramática evolución de una red de recaudación de fondos entre bastidores cuyo objetivo es legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo de costa a costa. Este grupo emergente de donantes no se parece en nada a ninguna otra red de recaudación de fondos que haya apoyado temas relacionados con los homosexuales durante los últimos 40 años. Vienen de Hollywood, sí, pero también de Wall Street, Washington y el mundo empresarial; hay republicanos y demócratas; y quizás lo más sorprendente, según dijeron organizadores gays de larga data, ha sido que ha habido una afluencia de contribuciones de donantes heterosexuales como nunca antes se había visto.
El fundador de Freedom to Marry , Evan Wolfson , "atribuye a conservadores como Ted Olson y al ex presidente del Comité Nacional Republicano Ken Mehlman el mérito de acelerar la tendencia" de aumentar el apoyo republicano a la igualdad matrimonial. [8]
AFER celebró un evento en septiembre de 2010 en el Hotel Mandarin Oriental de la ciudad de Nueva York, copatrocinado por los destacados republicanos Ken Mehlman, Paul Singer y Peter Thiel . [9]
Los abogados principales de los demandantes en el litigio de Perry , Theodore B. Olson y David Boies, eran de lados opuestos del espectro político. Olson es un republicano de larga data que se desempeñó como Procurador General bajo el presidente George W. Bush y como Fiscal General Adjunto a cargo de la Oficina del Consejo Legal en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajo el presidente Ronald Reagan . Boies es un destacado abogado litigante demócrata . Los dos hombres representaron a George W. Bush y Al Gore , respectivamente, durante el recuento de las elecciones presidenciales de Florida de 2000. El cofundador de AFER, Chad Griffin, describió el caso Perry como un esfuerzo que "podría hacer que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea visto como un tema no partidista, olvidándose del bipartidismo". [2] La denuncia en Perry v. Schwarzenegger se presentó el 22 de mayo de 2009 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California . [10] El caso fue asignado al juez principal Vaughn R. Walker .
El gobernador de California , Arnold Schwarzenegger, y el fiscal general Jerry Brown se negaron a defender la Proposición 8, y el fiscal general Brown admitió que la Proposición 8 es inconstitucional. [11] [12] En julio de 2009, a los proponentes oficiales de la Proposición 8 ( Dennis Hollingsworth , Gail J. Knight, Martin F. Guitierrez, Hak-Shing William Tam y ProtectMarriage.com ) se les permitió intervenir para defender la Proposición 8. A la ciudad y el condado de San Francisco se les concedió permiso para intervenir en apoyo de los demandantes.
En enero de 2010, se celebró un juicio de 12 días ante el juez principal Walker. Las actuaciones del juicio se grabaron en vídeo. Esa grabación de vídeo permanece bajo secreto como parte del expediente del caso. En el juicio, los demandantes presentaron 17 testigos: ocho testigos legos, incluidos los cuatro demandantes, y nueve testigos expertos. Los defensores presentaron sólo dos testigos. Los alegatos finales se escucharon el 16 de junio de 2010.
El 4 de agosto de 2010, el Tribunal de Distrito falló a favor de los demandantes y declaró inconstitucional la Proposición 8. El Tribunal de Distrito concluyó que la Proposición 8 violaba la Cláusula del Debido Proceso porque "impide inconstitucionalmente el ejercicio del derecho fundamental a casarse" [13] y "no puede resistir una revisión de base racional" [14] o el escrutinio estricto requerido para una ley que infringe un derecho fundamental. El Tribunal de Distrito también concluyó que la Proposición 8 viola la Cláusula de Igual Protección porque "crea una clasificación irracional sobre la base de la orientación sexual". [13] El tribunal respaldó sus conclusiones de derecho con 80 hallazgos fácticos detallados. El Tribunal de Distrito concluyó: [15]
Debido a que California no tiene ningún interés en discriminar a los hombres homosexuales y lesbianas, y debido a que la Proposición 8 impide que California cumpla con su obligación constitucional de proporcionar matrimonios en igualdad de condiciones, el tribunal concluye que la Proposición 8 es inconstitucional.
El 12 de agosto de 2010, el juez principal Walker rechazó la moción de los proponentes para una suspensión y dictó una orden judicial permanente contra la aplicación de la Proposición 8. [16] [17]
El 4 de agosto de 2010, los proponentes notificaron una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito . El 16 de agosto de 2010, el Noveno Circuito aceptó la moción de los proponentes para una suspensión pendiente de apelación y estableció un cronograma acelerado de presentación de alegatos. [18]
La apelación fue vista ante un panel de tres jueces: los jueces de circuito Stephen Reinhardt , Michael Daly Hawkins y N. Randy Smith . El panel escuchó los argumentos orales el 6 de diciembre de 2010 y se transmitió por televisión e Internet, convirtiéndose en el procedimiento de un tribunal de apelaciones más visto en la historia de Estados Unidos.
El 4 de enero de 2011, el panel emitió una orden certificando la siguiente pregunta a la Corte Suprema de California : [19]
Ya sea bajo el Artículo II, Sección 8 de la Constitución de California, o de otra manera bajo la ley de California, los proponentes oficiales de una medida de iniciativa poseen un interés particularizado en la validez de la iniciativa o la autoridad para afirmar el interés del Estado en la validez de la iniciativa, lo que les permitiría defender la constitucionalidad de la iniciativa tras su adopción o apelar una sentencia que invalide la iniciativa, cuando los funcionarios públicos encargados de ese deber se niegan a hacerlo.
El Noveno Circuito certificó la cuestión porque “requería tal determinación autorizada” de la ley de California para “determinar si los proponentes tienen legitimidad para mantener esta apelación”. [20]
La Corte Suprema de California acordó decidir la cuestión certificada del Noveno Circuito en febrero de 2011, escuchó los argumentos orales en septiembre de 2011 y emitió su decisión en noviembre de 2011. La decisión unánime de la Corte Suprema de California fue redactada por la Presidenta de la Corte Suprema Tani Cantil-Sakauye . Al responder a la cuestión certificada del Noveno Circuito, la Corte Suprema de California sostuvo lo siguiente: [21]
que cuando los funcionarios públicos que normalmente defienden una ley estatal impugnada o apelan una sentencia que invalida la ley se niegan a hacerlo, en virtud del artículo II, sección 8 de la Constitución de California y las disposiciones pertinentes del Código Electoral, los proponentes oficiales de una medida de iniciativa aprobada por los votantes están autorizados a afirmar el interés del estado en la validez de la iniciativa, lo que permite a los proponentes defender la constitucionalidad de la iniciativa y apelar una sentencia que invalida la iniciativa.
En abril de 2011, mientras la Corte Suprema de California estaba considerando la cuestión certificada del Noveno Circuito, los proponentes de la Proposición 8 presentaron mociones para devolver las grabaciones de video del juicio y anular la sentencia del Tribunal de Distrito que invalidaba la Proposición 8. Los demandantes se opusieron a ambas mociones y presentaron una moción cruzada para revelar las grabaciones de video. El 14 de junio de 2011, el juez principal James Ware del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California denegó ambas mociones de los proponentes. [22] [23] El 19 de septiembre de 2011, el juez principal Ware aceptó la moción cruzada de los demandantes y ordenó que se revelara la grabación de video digital del juicio. [24] Los proponentes apelaron ambas decisiones. El 8 de diciembre de 2011, el Noveno Circuito escuchó otra ronda de argumentos orales para considerar las apelaciones de los proponentes con respecto a las grabaciones del juicio y la moción para anular la sentencia.
El 2 de febrero de 2012, el panel de tres jueces revocó por unanimidad la decisión del Tribunal de Distrito de revelar las cintas del juicio. [25]
El 7 de febrero de 2012, el panel confirmó la sentencia del Tribunal de Distrito que declaró inconstitucional la Proposición 8. La opinión mayoritaria del panel fue redactada por el juez Stephen Reinhardt y concluyó por unanimidad que los proponentes tienen legitimidad para mantener su apelación y que el Tribunal de Distrito rechazó correctamente la moción de los proponentes para anular la sentencia dictada por el ex juez principal Walker. El juez Reinhardt, acompañado por el juez Hawkins, concluyó que la Proposición 8 viola la Cláusula de Igual Protección. El juez Reinhardt escribió: [26]
La Proposición 8 no tiene ningún propósito ni efecto, salvo el de disminuir la condición y la dignidad humana de los gays y las lesbianas en California. La Constitución simplemente no permite "leyes de este tipo".
El juez N. Randy Smith presentó una opinión separada en la que concordaba en parte y disentía en parte. Si bien el juez Smith estuvo de acuerdo con la mayoría en que los proponentes tienen legitimidad y que su moción para anular la sentencia debería ser denegada, disintió de la conclusión de la mayoría de que la Proposición 8 viola la Cláusula de Igual Protección. [27]
El 21 de febrero de 2012, los proponentes solicitaron al Noveno Circuito una nueva audiencia en pleno, a la que se opusieron los demandantes. El Noveno Circuito denegó la petición de los proponentes el 5 de junio de 2012. El juez Diarmuid O'Scannlain presentó una breve opinión en desacuerdo con la denegación de la nueva audiencia en pleno, a la que se sumaron los jueces Jay Bybee y Carlos Bea . Los jueces Reinhardt y Hawkins presentaron una declaración conjunta en la que coincidían con la denegación de la nueva audiencia en pleno. [28]
El 30 de julio de 2012, los proponentes presentaron una petición de auto de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos . [29] El 7 de diciembre de 2012, la Corte concedió la petición de los proponentes en el caso, ahora llamado Hollingsworth v. Perry . [30] La Corte escuchó los argumentos orales en Perry el martes 26 de marzo de 2013. [31]
El 26 de junio de 2013, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los patrocinadores de la Proposición 8 carecían de legitimidad legal para apelar la decisión del tribunal de distrito cuando el estado de California se negó a hacerlo. La sentencia del Noveno Circuito en Perry fue anulada y el caso fue remitido con instrucciones de desestimar la apelación. En una opinión de 5 a 4 redactada por el presidente de la Corte Suprema John G. Roberts. Jr. , a la que se unieron los jueces Antonin Scalia , Ruth Bader Ginsburg , Stephen G. Breyer y Elena Kagan , la Corte concluyó: [32]
Para que exista un caso o controversia [según el Artículo III de la Constitución], no basta con que la parte que invoca el poder del tribunal tenga un interés profundo en la cuestión. Esa parte también debe tener "legitimación activa", lo que exige, entre otras cosas, que haya sufrido un perjuicio concreto y particularizado. Como constatamos que los peticionarios no tienen legitimación activa, no tenemos autoridad para decidir este caso sobre el fondo, y tampoco la tenía el Noveno Circuito.
El juez Anthony M. Kennedy presentó una opinión disidente, a la que se sumaron los jueces Clarence Thomas , Samuel Alito y Sonia Sotomayor . La opinión disidente habría determinado que los proponentes de la Proposición 8 tenían capacidad legal para presentar demandas. [33]
La denuncia inicial, Bostic v. McDonnell, se presentó el 18 de julio de 2013 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia . [34] El caso fue asignado a la jueza de distrito Arenda Wright Allen .
Robert F. McDonnell , en su carácter oficial de gobernador de Virginia, y Ken Cuccinelli , en su carácter oficial de fiscal general, fueron incluidos como acusados junto con George E. Schaefer, III, en su carácter oficial de secretario del Tribunal de Circuito de Norfolk. Tim Bostic y Tony London, de Norfolk, Virginia, una pareja no casada, presentaron la denuncia inicial. [35]
El tribunal desestimó al gobernador McDonnell y al fiscal general Cuccinelli y se presentó una demanda enmendada el 3 de septiembre de 2013, que agregó a Janet M. Rainey, en su capacidad oficial como Registradora Estatal de Registros Vitales, como acusada. [36] La demanda procedió como Bostic v. Rainey .
La Fundación Estadounidense para la Igualdad de Derechos se unió a la demanda en septiembre de 2013 [37] junto con dos demandantes adicionales, Carol Schall y Mary Townley de Richmond, quienes se casaron en California en 2008, estaban criando a una hija adolescente en Virginia [38] y buscaban que su matrimonio fuera reconocido oficialmente por ley. [39]
En enero de 2014, Michele McQuigg , en su calidad oficial de Secretaria del Tribunal del Condado de Prince William, intervino con éxito en el caso como acusada.
El 4 de febrero de 2014 se celebró una audiencia en el tribunal de distrito. [40] Ted Olson y el Procurador General Stuart Raphael, en nombre del estado, presentaron argumentos a favor de los demandantes. El Procurador General recientemente elegido, Mark Herring, anunció su apoyo a la igualdad matrimonial antes de los argumentos orales. [41] El Gobernador recientemente elegido, Terry McAuliffe, anunció su apoyo poco después de la decisión del tribunal de distrito. [42]
El 13 de febrero de 2014, el juez Wright Allen dictaminó que la prohibición legal de Virginia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. [43] El tribunal sostuvo que el derecho a casarse es un derecho fundamental y, por lo tanto, la limitación de dicho derecho está sujeta a un escrutinio estricto. El juez Wright Allen determinó que las leyes del estado ni siquiera superaban la revisión de base racional, el estándar de revisión menos exigente. La decisión quedó en suspenso a la espera de la apelación del estado.
El secretario del tribunal del circuito de Norfolk, George E. Schaefer, III, apeló la decisión del tribunal de distrito el 24 de febrero de 2014 ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito . [44] El acusado McQuigg presentó una apelación por separado. [45] En busca de una conclusión rápida del caso a favor de los demandantes, la acusada Janet M. Rainey también apeló la decisión en nombre del estado de Virginia. [46]
El 10 de marzo de 2014, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito permitió que un grupo de personas en otro caso, Harris v. McDonnell , intervinieran en Bostic. [47]
Los argumentos se llevaron a cabo el 13 de mayo ante los jueces de circuito Roger Gregory , Paul V. Niemeyer y Henry F. Floyd . [48] [49]
El 28 de julio de 2014, el Cuarto Circuito confirmó la decisión del tribunal de distrito en un fallo de 2 a 1. [50] El juez Henry Floyd escribió la opinión mayoritaria a la que se sumó el juez Gregory. [51] El juez Niemeyer escribió una opinión disidente por separado. El mandato de la sentencia del tribunal estaba programado para emitirse el 21 de agosto de 2014. [52]
Michele McQuigg solicitó al Cuarto Circuito que suspendiera su mandato en el caso. El 13 de agosto de 2014, el juez Floyd, con la concurrencia del juez Gregory, denegó la moción del acusado interviniente. El juez Niemeyer votó a favor de conceder la moción. El juez Henry Floyd escribió la opinión mayoritaria a la que se sumó el juez Gregory. [53] McQuigg solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que suspendiera la orden del Cuarto Circuito en espera del resultado de las peticiones al tribunal superior para un auto de certiorari . [54]
El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, juez del Cuarto Circuito, remitió el asunto al pleno del tribunal, que suspendió la ejecución del fallo el 20 de agosto de 2014. [55]
En busca de orientación rápida sobre la cuestión constitucional de la igualdad matrimonial, Janet M. Rainey solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos un auto de certiorari, o petición de revisión, en nombre del estado de Virginia el 8 de agosto de 2014. [56] Los acusados Schaefer y McQuigg presentaron sus propias peticiones por separado ante el tribunal superior.
Se presentaron escritos amicus curiae, o escritos de amigos del tribunal, a favor de los demandantes por parte de empresas como Nike, Inc. , Amazon.com y Oracle Corporation . [57] Los fiscales generales de quince estados donde la igualdad matrimonial era legal también instaron al tribunal a través de un escrito amicus curiae a revisar la importante cuestión constitucional de la igualdad matrimonial y fallar a favor de los demandantes de Bostic . [58]
Las tres peticiones del caso Bostic fueron revisadas por la Corte Suprema en la Conferencia Larga del tribunal el 29 de septiembre de 2014. [59] [60]
El 6 de octubre de 2014, el tribunal rechazó las tres peticiones de auto de certiorari y convirtió de inmediato la igualdad matrimonial en ley en Virginia. [61]
El 6 de octubre también se rechazaron peticiones de auto de certiorari en casos de igualdad matrimonial de Oklahoma, Utah, Wisconsin e Indiana. [62]
AFER, junto con Broadway Impact, una organización de artistas y fanáticos del teatro, patrocina 8 , una obra que recrea el juicio de Perry v. Schwarzenegger . 8 fue escrita por Dustin Lance Black a la luz de los esfuerzos de los defensores de la Proposición 8 para evitar la transmisión pública del juicio y la publicación de grabaciones de video del juicio. [63]
8 tuvo su estreno mundial el 19 de septiembre de 2011 en el Teatro Eugene O'Neill de la ciudad de Nueva York, protagonizado por Morgan Freeman y John Lithgow. [64] [65] 8 tuvo su estreno en la Costa Oeste el 3 de marzo de 2012 en el Teatro Wilshire Ebell , protagonizado por Brad Pitt, George Clooney, Martin Sheen y Kevin Bacon. La actuación en Los Ángeles se transmitió en vivo en YouTube, una novedad para una organización sin fines de lucro. [66]
AFER y Broadway Impact también otorgan licencias gratuitas para teatros universitarios y comunitarios de todo el mundo.
