La Constitución Española ( en español : Constitución Española ) [a] es la ley suprema del Reino de España . Fue promulgada tras su aprobación en referéndum constitucional ; representa la culminación de la transición española a la democracia .
La versión actual fue aprobada en 1978, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco . En España ha habido decenas de constituciones y documentos similares ; sin embargo, esta es "la primera que no fue impuesta por un partido sino que representó un compromiso negociado entre todos los partidos principales". [1] Fue sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre , antes de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre, fecha en la que entró en vigor.
La promulgación de la Constitución marcó el punto culminante de la transición española a la democracia tras la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975, que gobernó España como dictador militar durante casi 40 años, lo que supuso un complejo proceso que incluyó una serie de cambios políticos, sociales e históricos que transformaron paulatinamente el régimen franquista en un Estado democrático.
La Constitución fue redactada, debatida y aprobada por la asamblea constituyente ( en español : Cortes Constituyentes ) surgida de las elecciones generales de 1977. Luego derogó todas las Leyes Fundamentales del Reino (es decir, la constitución del régimen franquista), así como otras leyes históricas importantes y toda ley preexistente que contradijera la nueva constitución.
La Constitución española es un documento escrito que se inspira tanto en constituciones españolas anteriores como en otras constituciones europeas vigentes en ese momento. Por ejemplo, contiene la disposición sobre el voto de censura constructivo , que se inspiró en la Ley Fundamental alemana .
La Constitución está organizada en diez partes ( títulos ) y contiene una introducción adicional ( título preliminar ) , un preámbulo , varias disposiciones adicionales y provisionales, una serie de derogaciones y termina con una disposición final.
La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, en 1977 se celebraron elecciones generales que convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la constitución.
Se seleccionó un comité de siete miembros entre los miembros electos de las Cortes para trabajar en un borrador de Constitución que se presentaría al organismo. Estos llegaron a ser conocidos, como lo expresaron los medios de comunicación, como los "padres de la Constitución". Las siete personas fueron elegidas para representar al amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante, ahora extinto, Unión del Centro Democrático (UCD).
Los miembros incluyeron:
El escritor (y senador por nombramiento real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, como gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad en la redacción, pocas de las propuestas de Cela fueron aprobadas. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico amarillo por el arcaico gualda en la descripción de la bandera de España . [ cita requerida ]
La Constitución fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978 y por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978. El 91,81% de los votantes apoyó la nueva Constitución. Finalmente, fue sancionada por el Rey Juan Carlos el 27 de diciembre en una ceremonia en presencia de los parlamentarios. Entró en vigor el 29 de diciembre, día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Día de la Constitución , el 6 de diciembre, es desde entonces un día festivo nacional en España .
La Constitución contiene 169 artículos así como una serie de disposiciones adicionales y transitorias.
Cabe destacar que la Constitución también derogó formalmente varias leyes españolas importantes relacionadas con la historia política del país: las Leyes de 25 de octubre de 1839 y de 21 de julio de 1876, relacionadas con los fueros vascos y las secuelas de las Guerras Carlistas , así como todas las Leyes Fundamentales del Reino fueron derogadas. También sustituyó la Ley de 4 de enero de 1977, de Reforma Política, que fue concebida como un mecanismo temporal para flexibilizar las restricciones a los derechos fundamentales heredadas del período franquista .
Tradicionalmente, redactar el preámbulo de la constitución se consideraba un honor y una tarea que exigía una gran habilidad literaria. La persona elegida para ello fue Enrique Tierno Galván . El texto completo del preámbulo puede traducirse de la siguiente manera:
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bienestar de todos los que forman parte de ella, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
- Garantizar la vida democrática dentro de la Constitución y las leyes según un orden económico y social justo.
- Consolidar un Estado que garantice el imperio de la ley como expresión de la voluntad del pueblo.
- Proteger a todos los españoles y a todos los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos , sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
- Promover el progreso de la cultura y la economía para garantizar una calidad de vida digna para todos.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
- Colaborar en el fortalecimiento de la cooperación pacífica y eficiente entre todos los pueblos de la Tierra.
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución.
De este modo, España está hoy compuesta en su totalidad por 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas con distintos grados de autonomía, hasta el punto de que, aunque la Constitución no establece formalmente que España sea una federación (ni un Estado unitario), el poder efectivo muestra, según la materia considerada, grados muy variables de descentralización, que van desde el carácter cuasi confederal de la gestión tributaria en Navarra y el País Vasco hasta la centralización total en la gestión aeroportuaria.
La primera parte de la Constitución española está formada por los artículos 10 a 55, que establecen los derechos y deberes fundamentales. El alcance de los derechos reconocidos por el texto es el más amplio de la historia constitucional española. La doctrina considera abierta la enumeración en la medida en que se pueden incluir nuevos derechos bajo el principio de la dignidad humana como fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10), lo que puede lograrse mediante la reforma constitucional, el desarrollo jurisprudencial o la ratificación de nuevos tratados internacionales. [2]
Los derechos fundamentales tienen una doble vigencia: son derechos subjetivos que deben ejercerse tanto de manera individual como colectiva [3] y, además, constituyen un principio vinculante para todos los poderes públicos, que permite la convivencia pacífica y legitima el orden político y social.
El Capítulo I se ocupa de la titularidad de los derechos constitucionales. El artículo 11 establece la regulación estatutaria de la nacionalidad española, al tiempo que establece su inalienabilidad para los españoles. El artículo 12 establece la mayoría de edad en España en los 18 años. El artículo 13 limita la titularidad de las libertades públicas a los extranjeros a lo dispuesto en las leyes y en los tratados internacionales.
Las personas jurídicas tienen derecho a un conjunto reducido de derechos, entre los que se incluyen el derecho de asociación, [4] el derecho al honor, [5] el derecho al debido proceso legal, [6] la libertad de expresión [7] y la inviolabilidad del domicilio [8] .
El capítulo dos comienza con la Sección 14, una cláusula de igualdad de derechos .
El artículo primero (artículos 15 a 29) incluye una enumeración de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Este artículo es de carácter constitucional , es decir, es extremadamente difícil de modificar o derogar, con el fin de evitar el establecimiento de una dictadura legal mediante una enmienda constitucional. Además, una persona puede solicitar la protección de un tribunal de justicia si se vulnera alguno de estos derechos.
Los derechos individuales incluyen el derecho a la vida (artículo 15), la libertad de conciencia (artículo 16), el derecho a la libertad y la seguridad (artículo 17), el honor, la privacidad y la inviolabilidad del domicilio (artículo 18), la libertad de movimiento y de residencia (artículo 19) y la libertad de expresión (artículo 20). La lista de derechos colectivos incluye el derecho de reunión (artículo 21), el derecho de asociación (artículo 22), el derecho de sufragio (artículo 23), el derecho a la educación (artículo 27) y el derecho de huelga (artículo 28). El debido proceso legal está cubierto por los artículos 24 a 26.
La Sección Segunda del Capítulo Segundo (Artículos 30 a 38) incluye una lista de derechos y deberes cívicos. El Artículo 30 incluye deberes militares con garantías y alternativas para objetores de conciencia (este artículo ha estado inactivo desde 2002). El Artículo 31 establece un sistema tributario progresivo y no confiscatorio . Los principios del derecho de familia se establecen en el Artículo 32. El Capítulo Segundo también trata del derecho a la propiedad (Artículo 33), a crear fundaciones (Artículo 34), al trabajo (Artículo 35), a crear asociaciones profesionales (Artículo 36) y a la negociación colectiva (Artículo 37). Este Artículo también garantiza la libertad económica y aboga por una economía de mercado que pueda ser objeto de planificación gubernamental (Artículo 38).
El Capítulo Tercero comprende los artículos 39 a 52, que establecen las bases del Estado de bienestar español , de acuerdo con el mandato constitucional de Estado social (artículo 1) y de libertad e igualdad efectivas e integración social de todos los ciudadanos y colectivos (artículo 9, parte 2), e incluye disposiciones sobre un sistema público de pensiones , un sistema de seguridad social, asistencia sanitaria pública y derechos culturales .
El Capítulo Cuarto incluye una serie de garantías para los derechos fundamentales. El artículo 53 limita la regulación de todos los derechos del Capítulo Segundo y del Capítulo Tercero a la ley estatutaria , lo que excluye la regulación administrativa ( reglamentos ). Estas leyes deben respetar el contenido esencial de dichos derechos. [9] [10] Los derechos fundamentales y las libertades públicas incluidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo pueden ser invocados directamente, y deben ser regulados mediante Ley Orgánica (que asegura un mayor consenso político). La creación de esta ley no puede ser delegada al poder ejecutivo. [11]
El artículo 54 prevé la creación de un Defensor del Pueblo , dependiente del poder legislativo, las Cortes Generales , que actúe como supervisor de la actividad administrativa y que, además, tenga legitimación activa ante el Tribunal Constitucional para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo .
Los artículos 14 a 29 y 30, apartado 2, gozan del derecho a un procedimiento preferente y sumario en los tribunales ordinarios. Una vez agotado este procedimiento, los ciudadanos pueden interponer un recurso de amparo individual , una última instancia propia del derecho constitucional español y creada en 1978 que, una vez agotado, permite recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos . Este ámbito de protección adicional refuerza las garantías del debido proceso legal, incluido el proceso de hábeas corpus . [12] [13] [14]
Además de esto, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 miembros del Congreso de los Diputados, 50 senadores y los gobiernos regionales y las asambleas legislativas pueden presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional . [15] [16]
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La Constitución dedica su Parte II a la regulación de la monarquía, a la que se denomina La Corona . El artículo 56 de la Constitución establece que el monarca es el jefe del Estado y simboliza la unidad del Estado español . Se refiere al papel del monarca como "moderador" cuya función principal es supervisar y asegurar el funcionamiento regular de las instituciones. El monarca es también el máximo representante del Estado español en las relaciones internacionales y solo ejerce las funciones que le atribuyen explícitamente la Constitución y las leyes. El título oficial del Rey es "Rey de España" ( en español : Rey de España ), pero se le permite utilizar cualquier otro título asociado a la Corona española .
El Rey de España goza de inmunidad y no está sujeto a responsabilidad legal. En un sentido amplio, esto significa que el Rey no puede ser procesado legalmente. [18] Algunos juristas dicen que esto solo se refiere a los procedimientos penales, mientras que otros afirman que esta inmunidad también está presente en los procedimientos civiles; en la práctica, el Rey nunca ha sido procesado y es poco probable que lo sea incluso si se probara que el monarca ha cometido un delito. La justificación legal de la inmunidad real es que el Rey está obligado por la Constitución a cumplir varios roles como jefe de Estado; por lo tanto, el Rey está obligado a realizar sus acciones y cumplir con sus deberes, por lo que el Rey no puede ser juzgado por acciones que está constitucionalmente obligado a realizar.
El Rey está investido de poder ejecutivo, pero no es personalmente responsable de ejercerlo. Esto no significa que sus acciones estén exentas de responsabilidad. La responsabilidad de las acciones del Rey recae en las personas que detentan el poder político efectivo y que efectivamente toman decisiones políticas, que el Rey sólo ratifica formal y simbólicamente. Esto se hace a través de un procedimiento o institución llamado refrendo (" contrafirma " en la traducción oficial al inglés de la constitución).
Todos los actos del Rey deben someterse al procedimiento de refrendo. A través del refrendo, otras personas asumen la responsabilidad jurídica y política de los actos del Rey, si se les exige tal responsabilidad. El artículo 64 explica el refrendo y transfiere la responsabilidad de los actos reales al Presidente del Gobierno en la mayoría de los casos, aunque también permite que otros ministros asuman también la responsabilidad de los actos reales. En general, cuando no hay un gobierno formado, la responsabilidad la asume el Presidente del Congreso de los Diputados . Sin el refrendo, los actos del Rey son nulos y sin valor .
Sólo hay dos actos reales que no requieren refrendo. El primero engloba todos los actos relacionados con la gestión de la Casa Real de España; el Rey puede contratar y despedir libremente a cualquier empleado de la Casa Real y recibe una cantidad anual de los presupuestos del Estado para el funcionamiento de la Casa Real, que distribuye libremente entre la institución. El segundo se refiere al testamento del Rey, que le permite distribuir su legado material y nombrar tutores para sus hijos, si no son mayores de edad.
El artículo 62 de la Constitución Española establece una enumeración taxativa de las funciones del Rey, todas ellas simbólicas y no reflejan el ejercicio de ningún poder político. El Rey sanciona y promulga las leyes, que son aprobadas por las Cortes Generales , que también convoca y disuelve simbólica y formalmente el Rey. El Rey también convoca elecciones periódicas y referendos en los casos que las leyes o la Constitución prevean.
El Rey también propone un candidato a Presidente del Gobierno, que es probablemente su función más "política", ya que tradicionalmente mantiene reuniones con los líderes de todos los partidos políticos importantes para facilitar la formación de un gobierno. Si un candidato es investido con éxito por el Parlamento, lo nombra formalmente Presidente del Gobierno de España. Cuando se ha nombrado a un Presidente del Gobierno, también nombra formalmente a todos los miembros de su gobierno, todos ellos propuestos por el propio Presidente del Gobierno. El Rey tiene tanto el derecho como el deber de estar informado de todos los asuntos de Estado; también se le permite presidir las reuniones del gobierno cuando el Presidente del Gobierno lo invita a hacerlo, aunque tiene la capacidad de rechazar esta invitación.
En cuanto al Gobierno, el Rey también emite formalmente los decretos gubernativos, así como concede todos los grados y empleos civiles y militares, y concede también honores y distinciones según las leyes. El Rey es también el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de España, aunque la dirección efectiva la ostenta el Gobierno de España. Por último, el Rey ostenta el Alto Patronato de todas las Reales Academias y demás organismos que cuentan con patronato real.
La sucesión a la Corona se regula en el artículo 57 que establece una primogenitura de preferencia masculina a los sucesores del rey Juan Carlos I y su dinastía, la dinastía Borbónica . El heredero al trono recibe el título de Príncipe o Princesa de Asturias así como los demás títulos históricos del heredero y los demás hijos reciben el título de Infantes o Infantas.
Si alguna persona con derecho a sucesión contrajere matrimonio contra la voluntad del Rey o la Reina reinante o de las Cortes Generales , quedará excluida de la sucesión a la Corona, lo mismo que sus descendientes. Este artículo establece también que, si se extinguen las líneas sucesorias, las Cortes Generales decidirán quién será el nuevo Rey o la nueva Reina atendiendo a los intereses generales del país.
Por último, el artículo 57.5 establece que las abdicaciones o cualquier duda jurídica sobre la sucesión deberán ser aclaradas mediante ley orgánica.
Esta previsión legal se ejerció por primera vez en el actual periodo democrático en 2014, cuando el rey Juan Carlos abdicó en favor de su hijo. La Ley Orgánica 3/2014 hizo efectiva la abdicación del Rey. Un Real Decreto del mismo año modificó también el Real Decreto de 1987 por el que se establecen los títulos de la Familia Real y de los Regentes y dispuso que los Reyes salientes conservarían sus títulos. Y la Ley Orgánica 4/2014 modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los Reyes anteriores conservaran sus prerrogativas judiciales (inmunidad).
La Regencia se regula en el artículo 59. La Regencia es el período en el que una persona ejerce las funciones del Rey o la Reina regente en nombre del monarca real menor de edad. Este artículo establece que asumirá inmediatamente el cargo de regente el padre o la madre del Rey o la Reina y, en su defecto, el pariente mayor de edad que esté más próximo en la sucesión a la Corona.
El artículo 59 § 2 establece que el Monarca podrá ser declarado incapacitado por las Cortes Generales si se vuelve inhábil para el ejercicio de la autoridad, en cuyo caso asumirá la regencia el Príncipe o la Princesa de Asturias si fueren mayores de edad; en caso contrario, deberá seguirse el procedimiento anterior.
Si no hay persona legitimada para ejercer la regencia, las Cortes Generales nombrarán un regente o un consejo de tres o cinco personas, denominado Consejo de Regencia. El regente deberá ser español y mayor de edad.
La Constitución establece también en su artículo 60 que el tutor del Rey o de la Reina durante su minoría de edad no puede ser el mismo que el que ejerce la función de regente, salvo que éste sea el padre, la madre o un ascendiente directo del Rey. Los padres pueden ser tutores mientras sean viudos. Si el progenitor contrae nuevo matrimonio, pierde la tutela y las Cortes Generales designarán un tutor que deberá reunir los mismos requisitos que para ser regente.
El artículo 60 § 2 establece también que el ejercicio de la tutela es también incompatible con el ejercicio de cualquier cargo o representación política, de modo que nadie puede ser tutor del monarca mientras ejerza un cargo político.
La Parte III (artículos 66 a 96) trata de las Cortes Generales , el poder legislativo español. Está formado por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado de España , [19] siendo la primera privilegiada frente a la segunda, en contraste con otras cámaras superiores, como el Senado de la República italiano.
Cada cámara está dotada de poderes de regulación interna para el gobierno, [20] un Presidente y una Mesa de Gobierno . [21] La Diputación Permanente ejerce una serie limitada de poderes durante los recesos y tras la disolución de las cámaras. Las sesiones conjuntas de las Cortes son presididas por el Presidente del Congreso de los Diputados con arreglo a un código de procedimiento común aprobado por la mayoría de cada cámara. [21]
Las Cortes ejercen poderes legislativos, presupuestarios y de control sobre el ejecutivo. Tienen la facultad de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional , del Consejo General del Poder Judicial , del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo . Tienen el control sobre la línea sucesoria de la Corona española, con la facultad de nombrar Regentes, Tutores y de elegir un nuevo jefe de Estado según el interés de España si se agotan todas las líneas sucesorias.
Cada cámara funciona en Pleno o por Comisiones, grupos de trabajo con una composición proporcional a la representación de cada partido. [22] Las comisiones pueden recibir del Consejo Directivo el estudio de proyectos y materias, y el Pleno puede delegar en ellas la aprobación de determinados proyectos, con exclusión de los relacionados con la reforma constitucional, los asuntos internacionales, las leyes orgánicas y el presupuesto. Las comisiones pueden ser legislativas y no legislativas, permanentes o temporales.
El artículo 68 prevé una Cámara Baja con un mínimo de trescientos y un máximo de cuatrocientos Diputados, [23] elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. [23] Los distritos electorales son las provincias y las ciudades de Ceuta y Melilla , con un mínimo de dos escaños por cada provincia y un escaño por cada ciudad, siendo el resto repartido en función de la población. [24] Todos los diputados son elegidos en cada distrito por representación proporcional . [25]
El artículo 69 establece el Senado como cámara alta y territorial. Su elección se realiza mediante un sistema mixto en el que 208 senadores son elegidos directamente por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto y el resto son designados indirectamente por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
Los senadores se eligen mediante votación limitada , y los ciudadanos pueden elegir a todos los miembros de un distrito, menos a uno. Esto otorga al segundo partido más votado en cada distrito un cierto grado de representación.
Las atribuciones del Senado español están subordinadas a las del Congreso español, lo que lo hace comparable al Senado de Canadá o a la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de Japón en la medida en que puede ejercer poderes limitados de control y revisión sobre la cámara baja.
El artículo 97 confiere el poder ejecutivo al Gobierno de España , que dirige la política interior y exterior del país , la administración civil y militar y la defensa nacional .
El artículo 98 establece que el Gobierno estará integrado por el Presidente (conocido en inglés como el Primer Ministro ), los Vicepresidentes, si los hubiere (conocidos en inglés como los Viceprimeros Ministros ) y cualquier otro miembro enumerado en la ley. El Primer Ministro dirige la política del Gobierno y coordina las facultades de los demás miembros del Gobierno.
El artículo 99 describe el procedimiento de nombramiento del Presidente del Gobierno. Después de una elección, o cualquier otro evento que desencadene un nombramiento, el Rey se reunirá con todos los líderes de los grupos políticos en las Cortes Generales , luego elegirá a uno de ellos para enfrentar una votación de investidura. El Presidente del Congreso de los Diputados tiene poder de veto sobre la elección del Rey. La votación de investidura tiene éxito, y el candidato se convierte en Presidente del Gobierno, si obtiene la mayoría absoluta de votos del Congreso de los Diputados en la primera votación nominal , o una mayoría simple (más votos a favor que en contra) en una segunda votación nominal que tiene lugar dos días después de la primera. El proceso puede repetirse con el mismo u otro líder político elegido por el Rey dentro de los dos meses siguientes a la primera votación nominal; después de ese tiempo, se convocan automáticamente elecciones generales a ambas cámaras.
El artículo 100 establece que los ministros son nombrados y destituidos por el Rey a propuesta del Primer Ministro.
El artículo 101 establece que el Gobierno se disuelve tras la celebración de elecciones generales, la pérdida de la confianza del Congreso de los Diputados o la dimisión o fallecimiento del Presidente del Gobierno. El Gobierno disuelto conserva poderes provisionales hasta que se constituya un nuevo Gobierno.
El artículo 102 establece las condiciones para el procesamiento por responsabilidad penal del Primer Ministro o cualquier otro miembro del Gobierno, señalando explícitamente que no pueden indultarse a sí mismos.
Los artículos 103 a 107 establecen el papel de la Administración General del Estado , de los órganos de seguridad del Estado , del Consejo de Estado , y la obligación del Gobierno de garantizar el debido proceso , de acatar las decisiones judiciales y de cumplir cualquier responsabilidad pública ante los particulares.
El artículo 115 regula los mecanismos de disolución del Congreso, el Senado o las Cortes Generales . Esta medida requiere la aprobación del Rey de España, quien debe fijar la fecha de las elecciones. La propuesta de disolución no puede presentarse durante una censura.
Mientras dure la declaración de cualquiera de los actos del artículo 116, el Congreso no podrá ser disuelto. En caso de que el Congreso se hubiera disuelto o expirara su mandato, las competencias del Congreso las asume la Comisión Permanente. Desde que se aprobó la Constitución española, el estado de alarma solo se declaró en dos ocasiones: una en 2010 por la huelga de controladores aéreos españoles , y otra en marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19 . El primer estado de excepción se declaró en octubre de 2020 como consecuencia de las continuas dificultades por la pandemia de COVID-19.
El artículo 117 establece la independencia del poder judicial y de la ley. En caso de ley marcial, la actividad militar está limitada por la Constitución. Los artículos 119 a 120 establecen el derecho a un juicio público e imparcial, con derecho a un abogado para los acusados indigentes. El artículo 121 ordena la indemnización en caso de daños causados por irregularidades legales. El artículo 127 prohíbe a los magistrados y fiscales en funciones afiliarse a partidos políticos o ejercer cargos públicos.
El artículo 128 permite al Estado intervenir en los asuntos corporativos para restringir monopolios o servir al interés público.
Los déficits y la deuda no deberán exceder los estándares establecidos por la Unión Europea.
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The Spanish Constitution is one of the few Bill of Rights that has legal provisions for social rights, including the definition of Spain itself as a "Social and Democratic State, subject to the rule of law" (Spanish: Estado social y democrático de derecho) in its preliminary title. However, those rights are not at the same level of protection as the individual rights contained in articles 14 to 28, since those social rights are considered in fact principles and directives of economic policy, but never full rights of the citizens to be claimed before a court or tribunal.
Other constitutional provisions recognize the right to adequate housing,[b] employment,[c] social welfare provision,[d] health protection[e] and pensions.[f]
Thanks to the political influence of Santiago Carrillo of the Communist Party of Spain, and with the consensus of the other "fathers of the constitution", the right to State intervention in private companies in the public interest and the facilitation of access by workers to ownership of the means of production were also enshrined in the Constitution.[26]
This wording is almost identical to Article 37 of the German Basic Law.[27][28]
On October 27, 2017, the Senate of Spain (Senado) voted 214 to 47 to invoke Article 155 of the Spanish Constitution over Catalonia after the Catalan Parliament unilaterally declared independence. Article 155 gave Spanish Prime Minister Rajoy the power to remove secessionist politicians, including Carles Puigdemont, the Catalan leader, and directly rule from Madrid.[29]
The King appoints all twelve members of the Constitutional Court. Four are nominated by a 3/5 majority in Congress; four are nominated by a 3/5 majority in the Senate. Two are nominated by the government, and the last two by the General Council of the Judiciary. They can serve a maximum of 9 years divided into three 3-year renewable terms. Serving magistrates and prosecutors, politicians, political party members, or active businessmen can not serve on the Constitutional Court.
There are two methods of amending the Spanish Constitution, detailed below. The Government, the Congress of Deputies or the Senate can propose constitutional amendments. The Parliaments of the Autonomous Communities can also propose a constitutional amendment to the Congress or the Government, but cannot propose an amendment directly.
There have been 2 amendments to the Spanish constitution, one in 1992 and one in 2011, both were passed with the necessary majority and without a referendum being requested.
A constitutional amendment must be approved by a three-fifths majority by both the Congress of Deputies and the Senate. If there is disagreement between the Chambers, a mixed committee will present an agreed text to both chambers for a vote. Even if this procedure fails, and as long as the amendment passed with a simple majority in the Senate, Congress may pass the amendment with two-thirds majority. One-tenth of either deputies or senators may also request, with a 15-day deadline since passage, that the amendment be put to a referendum.
Three parts of the Constitution are entrenched: the Preliminary Title, Section I of Chapter II of Title I (on Fundamental Rights and Public Liberties), and Title II (on the Crown). Under Title X, these cannot be altered except by the same process that would be required for adoption of a new constitution:
The Constitution has been amended three times. The first time, Article 13.2, Title I was altered to extend to citizens of the European Union the right to active and passive suffrage (both voting rights and eligibility as candidates) in local elections under the provisions of the Maastricht Treaty. The second time, in August/September 2011, a balanced budget amendment and debt brake was added to Article 135.[30] The third amendment, passed in January 2024, amends the language of Article 49 to read "persons with disabilities", rather than those who are "handicapped".[31]
While the current version of the Constitution restricts the death penalty to military courts during wartime, the death penalty has since been removed from the Code of Military Justice and thus lost all relevance. [citation needed] Amnesty International has still requested an amendment to be made to the Constitution to abolish it firmly and explicitly in all cases.
Amnesty International Spain, Oxfam Intermón and Greenpeace launched a campaign in 2015[32] to amend the article 53 so that it extends the same protection to economic, social and cultural rights as to other rights like life or freedom. After that, the campaign seeks another 24 amendments protecting human rights, the environment and social justice.
The "Statutes of Autonomy" of the different regions are the second most important Spanish legal normatives when it comes to the political structure of the country. Because of that, the reform attempts of some of them have been either rejected or produced considerable controversy.
The plan conducted by the Basque president Juan José Ibarretxe (known as Ibarretxe Plan) to reform the status of the Basque Country in the Spanish state was rejected by the Spanish Cortes, on the grounds (among others) that it amounted to an implicit reform of the Constitution.
The People's Party attempted to reject the admission into the Cortes of the 2005 reform of the Autonomy Statute of Catalonia on the grounds that it should be dealt with as a constitutional reform rather than a mere statute reform because it allegedly contradicts the spirit of the Constitution in many points, especially the Statute's alleged breaches of the "solidarity between regions" principle enshrined by the Constitution. After failing to assemble the required majority to dismiss the text, the People's Party filed a claim of unconstitutionality against several dozen articles of the text before the Spanish Constitutional Court for them to be struck down.
The amended Autonomy Statute of Catalonia has also been legally contested by the surrounding Autonomous Communities of Aragon, Balearic Islands and the Valencian Community[33] on similar grounds as those of the PP, and others such as disputed cultural heritage. As of January 2008, the Constitutional Court of Spain has those alleged breaches and its actual compliance with the Constitution under judicial review.
Prominent Spanish politicians, mostly from the People's Party but also from the Socialist Party (PSOE) and other non-nationalist parties[citation needed], have advocated for the statutory reform process to be more closely compliant with the Constitution, on the grounds that the current wave of reforms threatens the functional destruction of the constitutional system itself. The most cited arguments are the self-appointed unprecedented expansions of the powers of autonomous communities present in recently reformed statutes:
In the late 1990s, the Catalonian nationalist party, Convergence and Union, attempted to reform the Senate based on three tiers of autonomous communities. However, the People's Party government suspended these attempts.[36]
