La Undécima Enmienda ( Enmienda XI ) es una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que fue aprobada por el Congreso el 4 de marzo de 1794 y ratificada por los estados el 7 de febrero de 1795. La Undécima Enmienda restringe la capacidad de las personas de presentar demandas contra estados de los que no son ciudadanos en un tribunal federal .
La Undécima Enmienda fue adoptada para anular la decisión de la Corte Suprema en Chisholm v. Georgia (1793). En ese caso, la Corte sostuvo que los estados no gozaban de inmunidad soberana frente a demandas interpuestas por ciudadanos de otros estados en un tribunal federal. Aunque la Undécima Enmienda establecía que los tribunales federales no tienen autoridad para conocer de casos interpuestos por particulares contra un estado del que no son ciudadanos, la Corte Suprema ha dictaminado que la enmienda se aplica a todas las demandas federales contra estados interpuestas por particulares. La Corte Suprema también ha sostenido que el Congreso puede derogar la inmunidad soberana de los estados cuando utiliza su autoridad en virtud de la Sección 5 de la Decimocuarta Enmienda . Otros casos recientes ( Torres v. Texas Department of Public Safety , Central Virginia Community College v. Katz , PennEast Pipeline Co. v. New Jersey ) han identificado otras excepciones a la inmunidad soberana general de los estados cuando el Congreso actúa de conformidad con sus poderes del Artículo I , que alternativamente se han denominado "exenciones en el plan de la Convención ". La Corte Suprema también ha sostenido que los tribunales federales pueden prohibir a los funcionarios estatales violar la ley federal.
El poder judicial de los Estados Unidos no se interpretará como que se extiende a ninguna demanda en derecho o equidad, iniciada o procesada contra uno de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado o por ciudadanos o súbditos de cualquier Estado extranjero.
La Undécima Enmienda fue la primera enmienda constitucional adoptada después de la Carta de Derechos . La enmienda fue adoptada tras el fallo de la Corte Suprema en Chisholm v. Georgia , 2 U.S. 419 (1793). [1] En Chisholm , la Corte dictaminó que los tribunales federales tenían la autoridad para conocer de casos de derecho y equidad interpuestos por ciudadanos privados contra estados y que los estados no gozaban de inmunidad soberana frente a demandas interpuestas por ciudadanos de otros estados en un tribunal federal. De este modo, la enmienda aclaró el Artículo III, Sección 2 de la Constitución, que otorga jurisdicción de diversidad al poder judicial para conocer de casos "entre un estado y ciudadanos de otro estado". [2]
La Undécima Enmienda fue propuesta por el Tercer Congreso el 4 de marzo de 1794, cuando fue aprobada por la Cámara de Representantes por una votación de 81 a 9, [3] habiendo sido aprobada previamente por el Senado , 23 a 2, el 14 de enero de 1794. [4] La enmienda fue ratificada por las legislaturas estatales de los siguientes estados: [5]
Había quince estados en ese momento; la ratificación por doce agregó la Undécima Enmienda a la Constitución. [6] ( Carolina del Sur la ratificó el 4 de diciembre de 1797).
El 8 de enero de 1798, aproximadamente tres años después de la adopción real de la Undécima Enmienda, el presidente John Adams declaró en un mensaje al Congreso que había sido ratificada por el número necesario de estados y ahora era parte de la Constitución. [7] Nueva Jersey y Pensilvania no tomaron medidas sobre la enmienda durante esa era; tampoco lo hizo Tennessee , que se había convertido en el decimosexto estado el 1 de junio de 1796. Sin embargo, el 25 de junio de 2018, el Senado de Nueva Jersey adoptó la Resolución Concurrente del Senado No. 75 para ratificar la Undécima Enmienda. [8]
Casi exactamente tres años después de su ratificación, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Hollingsworth v. Virginia , 3 U.S. 378 (1798) resultó en que todas las acciones pendientes presentadas bajo Chisholm fueran desestimadas debido a la adopción de la enmienda.
El texto de la enmienda no menciona las demandas interpuestas contra un estado por sus propios ciudadanos. Sin embargo, en Hans v. Louisiana , 134 U.S. 1 (1890), la Corte Suprema dictaminó que la enmienda refleja un principio más amplio de inmunidad soberana. Como declaró posteriormente el juez Anthony Kennedy en Alden v. Maine , 527 U.S. 706 (1999):
[L]a inmunidad soberana no deriva de la Undécima Enmienda sino de la estructura de la propia Constitución original. ... Tampoco podemos concluir que los poderes específicos del Artículo I delegados al Congreso incluyan necesariamente, en virtud de la Cláusula Necesaria y Adecuada o de otra manera, la autoridad incidental para someter a los Estados a demandas privadas como un medio para lograr objetivos que de otro modo estarían dentro del alcance de los poderes enumerados.
Sin embargo, el juez David Souter , que escribió para un voto disidente de cuatro jueces en el caso Alden , dijo que los estados renunciaron a su inmunidad soberana cuando ratificaron la Constitución. Interpretó el texto de la enmienda como un reflejo de una forma estrecha de inmunidad soberana que limitaba únicamente la jurisdicción de diversidad de los tribunales federales. Concluyó que ni la Undécima Enmienda en particular ni la Constitución en general aíslan a los estados de las demandas presentadas por individuos. [9]
Aunque la Undécima Enmienda otorga inmunidad a los estados frente a demandas por daños monetarios o reparación equitativa sin su consentimiento, en Ex parte Young , 209 U.S. 123 (1908), la Corte Suprema dictaminó que los tribunales federales pueden prohibir a los funcionarios estatales violar la ley federal. El fallo de la Corte en Fitzpatrick v. Bitzer , 427 U.S. 445 (1976) permite al Congreso derogar la inmunidad estatal frente a demandas en virtud de la Sección 5 de la Decimocuarta Enmienda ; esto se amplió para incluir casos de quiebra en Central Virginia Community College v. Katz , 546 U.S. 356 (2006), con base en el Artículo I, Sección 8, Cláusula 4 de la Constitución. En Lapides v. Board of Regents of University System of Georgia , 535 U.S. 613 (2002), la Corte Suprema dictaminó que cuando un estado invoca la jurisdicción de deportación de un tribunal federal , renuncia a la Undécima Enmienda en el caso de deportación.
La aplicabilidad de la enmienda a los territorios no incorporados de los EE. UU., donde los derechos constitucionales no se aplican plenamente , permaneció poco clara durante casi dos siglos después de su ratificación. En 1983, el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Primer Circuito dictaminó que Puerto Rico goza de inmunidad de la Undécima Enmienda. [10] Sin embargo, fallos posteriores de otros tribunales federales han determinado que los otros territorios no incorporados similares de Samoa Americana , Guam , Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes , no gozan de inmunidad de la Undécima Enmienda. [11] [12] [13]
El experto en derecho internacional Thomas H. Lee sostiene que los estados extranjeros debían quedar excluidos de la prohibición de la Undécima Enmienda, es decir, que los gobiernos extranjeros aún podrían demandar a los gobiernos estatales. [14] Sin embargo, en el caso de Principado de Mónaco contra Mississippi , 292 U.S. 313 (1934), la Corte Suprema dictaminó que la enmienda también protege a los estados de demandas presentadas por entidades extranjeras, lo que Lee considera una desviación de la jurisprudencia establecida; [15] su tesis es que la Undécima Enmienda eximió a los gobiernos extranjeros para permitir el recurso por violaciones de las obligaciones de los tratados, lo que a su vez promovió relaciones exteriores positivas y pacíficas entre un Estados Unidos incipiente y la comunidad internacional. [15] Lee también sostiene que la Undécima Enmienda reflejaba el principio jurídico internacional de igualdad soberana, por el cual los estados extranjeros tenían el mismo estatus legal que los estados estadounidenses y, como tales, podían presentar demandas. [16]