En una unión fiscal, las decisiones sobre la recaudación y gasto de impuestos son tomadas por instituciones comunes, compartidas por los gobiernos participantes.
Una unión fiscal no implica la centralización del gasto y las decisiones tributarias a nivel supranacional.
Una gestión adecuada reduciría los efectos de los choques asimétricos que serían compartidos tanto con otros países como con las futuras generaciones.
[1] La unión fiscal también implica que la deuda no sería financiada por países individuales sino por un bono común.
El tratado está diseñado para implementar topes más estrictos en el gasto y endeudamiento del gobierno, incluidas sanciones automáticas para los países que infrinjan las reglas.
Marzinotto, Sapir y Guntram Wolff (2011), por ejemplo, fueron de los primeros en pedir recursos fiscales adecuados a nivel federal que permitieran estabilizar el sistema financiero y, si fuera necesario, ayudar a los países individuales (¿Qué tipo de unión fiscal?
Los desequilibrios macroeconómicos no pueden gestionarse sin una estructura federal estándar que organice el gasto y la recaudación de ingresos en la Eurozona.
[6] El surgimiento de la unión fiscal garantizará una mayor credibilidad hacia los países europeos en desarrollo porque los riesgos serán compartidos entre todos los Estados miembros.