Esta obligación forma parte del Reglamento Real de 1718 por el que se rompe el monopolio comercial con América que hasta ese momento mantenía la Casa de Contratación (establecido desde un año antes en Cádiz y anteriormente en Sevilla)[cita requerida].
Así, en 1684, emigraron las primeras familias canarias a América a través del tributo de sangre, habiendo emigrado en ese año 97 familias canarias a La República Dominicana.
A lo largo del siglo XVIII el derecho de familias se convirtió en una imposición fiscal, al permitir a los armadores eludir su obligación con un pago en metálico cuando no hubiera familias dispuestas a emigrar en las condiciones oficiales.
[2] El efecto emigratorio fue significativo y contribuyó a consolidar la presencia española en aquellas áreas del Imperio español en América amenazadas por potencias rivales como fue Portugal, que desde el sur de Brasil amenazaban la región del Río de la Plata, o Inglaterra y Francia en las áreas al norte del río Grande y en el golfo de México y en el Caribe.
En la actualidad, en algunas áreas del delta del río Misisipi, continúan viviendo descendientes de los antiguos colonos canarios establecidos en el siglo XVIII que, al vivir en condiciones de casi aislamiento, han mantenido el idioma español hasta el presente (al menos entre las generaciones más viejas) y manifiestan un cierto orgullo de ser descendiente de los antiguos isleños.