Ansiosamente deseado, los catalanes pugnaron durante doscientos años hasta conseguir su creación.
Permitía así garantizar el ordenamiento jurídico catalán con la coparticipación de las instituciones del Principado y los oficiales reales.
Era una prueba de que el mismo rey reconocía las leyes tradicionales catalanas y se mostraba dispuesto a someterse a las mismas, de tal modo que sus decisiones podían ser reevisadas por este Tribunal.
La amenaza absolutista quedaba así neutralizada, pues las pragmáticas y los reales decretos del rey o sus virreyes quedaban supeditados al cumplimiento del ordenamiento constitucional catalán; además, si cualquier oficial real vulneraba una constitución catalana (ley), debía ser sometido a un proceso judicial de contrafacción.
[3] Finalmente en 1705 estalló la rebelión armada en Cataluña que supondría el inicio a la Guerra de Sucesión en suelo español.