Casi en paralelo a esta desaparición nació el satélite Hispasat, gestionado desde 1989 por una sociedad anónima del mismo nombre, con accionistas que en aquel momento eran empresas mayoritariamente públicas como Retevisión, Telefónica o Caja Postal.
En 1994 la compañía Sogecable, que en ese momento tenía la licencia de televisión terrestre en la que emitía Canal+, lanzó una plataforma de televisión por satélite analógica llamada Canal Satélite.
Esta compañía emitía a través del satélite Astra, lanzado en 1985, y tenía un total de cuatro canales: Cinemanía, Documanía, Minimax y Cineclassics, a la que se sumaría antes de su desaparición Sportmanía.
Sogecable caminaba sola, mientras que Telefónica en un principio contaba con varios socios, como RTVE, Televisa y Antena 3, este último controlado en ese momento por el Grupo Zeta, el cual poseía gran parte de los derechos deportivos.
Este hecho generó una gran polémica empresarial y política que incluso tuvo repercusión en las Cortes Generales.
Algo más tarde, el 15 de septiembre, nacía Vía Digital[4] con Telefónica a la cabeza.
Este registro denegó en primera solicitud la inscripción de Canal Satélite Digital el 6 de mayo, que no le impidió seguir emitiendo porque emitía desde Luxemburgo.
Tras este proceso algo turbulento de puesta en marcha las plataformas estuvieron compitiendo con muchas pérdidas en ambas, especialmente en Vía Digital, que pudo seguir operando al formar parte de Telefónica Media —Admira desde 2001—, junto con otras compañías como Antena 3, Onda Cero o Endemol.
[11][12] Estas condiciones impuestas parecieron no contentar a nadie ya que tanto las tres empresas involucradas en la fusión —Sogecable, Vía Digital y Telefónica— como los afectados por ella, como Gestevisión Telecinco, Mediapark —actual Teuve—, operadores de cable agrupados en ONO y la AOC a través de Auna, interpusieron recursos contenciosos administrativos ante el Tribunal Supremo.
Otra de las ventajas que trajo consigo Starmax fue la suscripción de tipo prepago, algo completamente inédito en España, que permite pagar por adelantado los meses que se deseen contratar sin necesidad de facilitar cualquier dato personal o bancario del titular del servicio.