Para el año 1997, había 197 empresas de televisión que emitían para 900.000 televisores.
La Constitución de Bolivia y leyes proporcionan libertad de expresión y la libertad de prensa, prohíbe la injerencia arbitraria en la vida privada, familia, hogar, correspondencia y el gobierno generalmente respeta estas prohibiciones, aunque en al menos dos casos en 2012, el gobierno utilizó la ley contra el racismo para restringir ambos derechos.
Algunos altos funcionarios del gobierno también hostigaron verbalmente a miembros de la prensa según un informe presentado por Derechos Humanos en ese mismo año.
La decisión del Tribunal Constitucional no resolvió automáticamente todos los casos pendientes bajo la ley de difamación.
[8] No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a Internet, pero el 21 de octubre de 2012, el Vicepresidente Garcia Linera declaró que el gobierno registra los nombres de las personas que insultan al Presidente Morales en las redes sociales.