No está claro cuándo los temas migratorios ocuparon un lugar central dentro de la administración española, aunque hay evidencia de que en 1882 se creó una sección dentro del Ministerio de Fomento destinada a estos asuntos.[2] Antes de esto, hay documentos que prueban que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Marina y el Ministerio de Ultramar se encargaban de supervisar las migraciones en la España peninsular y en los territorios españoles en América, África, Asia y Oceanía,[3] y que también había comisiones parlamentarias para discutir asuntos sobre migración.Esto se hizo mediante la recopilación de información laboral en el extranjero para ofrecer a los españoles empleos más atractivos en este tipo de países.El nombre de esta dirección se cambió en 1991 a Dirección General de Migración, un nombre más preciso porque desde 1985 esta dirección tenía competencias no solo sobre la emigración, sino también sobre todo tipo de migraciones.[8] Así, estas competencias se transfirieron al Ministerio del Interior, y se creó para gestionarlas la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, con rango de Secretaría de Estado.De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estad para 2023, la SEM participa en tres programas: