[3][4] Tuvieron su principal desarrollo y presencia durante el siglo XVIII.
Fueron creados para «proteger las rentas reales de las prácticas ilícitas que menguaban su rendimiento».
[2] Ante la incapacidad de sus estructuras para combatir el creciente fraude que se sucedía por todo el territorio peninsular del reino de España tuvieron diversas reformas conociéndose las de Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra, Valencia y las llamadas Provincias Exentas (Provincias Vascongadas).
En Barcelona había 69 puestos (54,8%), en el costa 34 (27%) y en la frontera francesa 23 (18,2%).
Esta situación muestra la deficitaria distribución facilitando que en la frontera crecieran las operaciones fraudulentas.