[11]​ Por su parte, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha manifestado que esta reforma significa «la muerte del derecho disciplinario en Colombia»[12]​ y considera que es «un duro golpe a la lucha contra la corrupción y sería una involución constitucional».

[14]​ Frente a esta crítica, la senadora (AV) Claudia López en entrevista con el diario El Espectador rechazó cualquier «revanchismo» en la reforma y puso de presente lo siguiente:

Por su parte, el senador (PdlU) Armando Benedetti, Coordinador Ponente del proyecto, manifestó que «el gobierno no esta persiguiendo a nadie ni mucho menos el Congreso»;[16]​ al margen de lo cual aclaró que se seguirían discutiendo propuestas para mejorar la iniciativa.

Tras estas declaraciones, el Ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, expresó a la prensa que «nadie le tiene miedo al fiscal» y calificó su intervención como «una invitación desafortunada».

[18]​ El 26 de septiembre del 2014 el senador (PDA) Alexander López Maya expresó a la prensa la preocupación de su partido por la adopción mediante esta reforma del voto obligatorio en el país, aduciendo que «el sistema electoral colombiano permite el fraude y al imponer el voto obligatorio en estas condiciones, aumentará la corrupción (...) el voto obligatorio en Colombia en medio de la mermelada, el fraude electoral y el clientelismo, en nada fortalece la democracia».

Frente a ello, manifiestan que «con un umbral del 3% para obtener curules, según lo acordado en La Habana hasta el momento, y con la implementación del voto obligatorio, en las elecciones de 2018 los partidos y movimientos políticos tendrían que obtener cerca de 900 mil votos para alcanzar curules.