Este requerimiento se originó debido a la necesidad de modificar el lenguaje empleado en la Constitución de 1978, que hacía referencia a las personas con discapacidad como «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos», una terminología ampliamente considerada como discriminatoria y denigrante.
[7][8] No obstante, el proceso legislativo se vio interrumpido por elecciones anticipadas y la pandemia de COVID-19, lo que retrasó aún más su avance.
Además, algunos partidos presentaron enmiendas con el propósito de introducir cambios adicionales en la Constitución, lo que ha añadido complejidad al proceso.
[5] No fue hasta diciembre de 2023 que el PSOE y el PP acordaron unirse para modificar el artículo.
No obstante, necesitan la colaboración de Sumar para impedir que las minorías pudieran solicitar un referéndum sobre la reforma.