Entre los detenidos se encontraban ancianos, mujeres embarazadas y menores de edad, según lo denunciado por José Daniel Ferrer, expreso de conciencia y coordinador de UNPACU, quien también fue detenido y golpeado; también denunció que tanto su pareja embarazada de cinco meses como su abuela de 78 años fueron agredidas, que robaron varias pertenencias de su hogar y que la policía política incautó una lista que contiene los nombres de 600 observadores que la Unpacu iba a desplegar para vigilar la jornada del referéndum para poder denunciar las irregularidades.
[7][8] La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró «ilegítimo» el referéndum y aseguró que sólo sirve para «enmascarar» la «dictadura» ante la comunidad internacional.
El ejecutivo cubano acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de formular «calumnias y mentiras».
[7][8] El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció: "Ha quedado en evidencia que esta Constitución (como la anterior), impuesta por el Partido Comunista, no representa ni respeta la pluralidad de la sociedad cubana.
Tampoco la propia Asamblea Nacional del Poder Popular, el órgano de las unanimidades representa dicha pluralidad".