El mismo debe estar consensuado entre los distintos actores intervinientes (fuerzas de seguridad, fuerzas policiales, ministerios de justicia y de seguridad, otros actores) y permiten, en el momento de aplicarse, resolver situaciones de forma más eficientes.
Los protocolos deben ser realizados por personal con conocimiento en seguridad y en la materia específica, a la vez que se deben considerar los diversos impactos en su accionar.
La utilización de protocolos en la seguridad pública son de utilidad para mantener criterios de trabajo y así evitar desacuerdos o conflictos innecesarios.
También los protocolos de actuación definen lineamientos políticos,[7][8][9] aunque no deben alejarse de los saberes técnicos.
En muchas ocasiones ante incidentes los protocolos son revisados y replanteados[10] aplicando conceptos de mejora continua.