Desde 1673, el Attorney General aconseja y representa a la Corona en materia jurídica.

A principios del siglo XX, se ha podido ver uno cierto abandono de los juicios para especializarse en la asesoría legal.

Hoy, los procesamientos están gestionadas por el Servicio de Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service) y las demás autoridades, mientras que la asesoría legal gubernamental es proporcionada por el Servicio Legal del Gobierno, ambos supervisados por la Oficina del Fiscal General.

Aunque su rol ya no sea responsable de los litigios, el fiscal general representa todavía a la Corona o al ejecutivo en ciertos casos particulares, principalmente los asuntos de entidad.

Por convención, representa también al ejecutivo ante la Corte Internacional de Justicia.