El legislador ha visto a menudo como un abuso la utilización que han hecho de la prisión provisional los tribunales penales: En 1997, aproximadamente el 41% de la población carcelaria en Francia estaba compuesta por presos provisionales, llegando hasta un 52% en 1984.
En dicho supuesto se evita al máximo la prisión preventiva, usando en su lugar el control mediante dispositivos de vigilancia electrónica móviles, utilizado también en otros casos en los que la situación familiar lo hace preferible.
Debe efectuarse en pabellones especiales, en una situación similar al arresto domiciliario, con unas condiciones en principio más permisivas que para los condenados.
Si el preso no recibe una respuesta en plazo, puede dirigirse directamente a la Junta de Instrucción que deberá responder en un plazo de veinte días (si el juez de instrucción se opone a la puesta en libertad, el plazo se reduce a quince días).
Si la Junta de Instrucción no cumple el plazo el preso tiene derecho a ser puesto en libertad, excepto si se ha ordenado comprobaciones o circunstancias imprevistas han impedido cumplir con los plazos.
Si el juez de instrucción no interroga al preso durante un periodo superior a 4 meses, este puede solicitar su puesta en libertad a la Junta de Instrucción, que debe responder igualmente en 20 días.
La prisión acaba, ya sea por una orden de finalización del juez de instrucción, ya sea por comparecencia ante el tribunal (si el juez dicta una orden motivada en este sentido).