En la actualidad, el incremento de la información disponible y los sistemas sociales complejos determinan que el uso del conocimiento científico resulte esencial.
[6] Adicionalmente, un factor importante para fomentar el uso de políticas basadas en evidencia es una sociedad activa, que demande la investigación a los gobernantes y servidores públicos.
Iniciativas como la «Campbell Collaboration», la «Cochrane Collaboration», «Innovations for Poverty Action», el «Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab» y la «International Initiative for Impact Evaluation» son ejemplos de organizaciones que promueven decisiones basadas en la evidencia para el desarrollo de programas.
Según el estudio, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela presentaban un nivel bajo.
[12] Por esta razón, rara vez existe una relación clara y lineal entre la evaluación y la formulación de políticas públicas, usándose más la experiencia personal, las actitudes o los instintos para tomar decisiones, que la evaluación real de las propuestas.
[14] Asimismo, el concepto de PBE se ha extendido tanto que puede acabar empleándose mal.
[15] En general, el avance en el uso de PBE en los gobiernos a nivel mundial es moderado, puesto que están limitados por los costos monetarios, el tiempo, los factores políticos, sociales y económicos.