A principios de la década del 70 fue detenido por la policía por tener armas y documentos falsos.
En 1973 recuperó su libertad gracias a la Ley de Amnistía del presidente Héctor José Cámpora.
Cambiaso y Pereyra conversaban en el bar Magnum, ubicado en la esquina de Córdoba y Ovidio Lagos, en Rosario cuando fueron secuestrados por un grupo parapolicial; tres días después sus cuerpos aparecieron baleados en la localidad bonaerense de Zárate.
Los policías involucrados eran los suboficiales Rodolfo Diéguez, Juan Amadeo Spataro y el oficial principal Luis Abelardo Patti.
[6] La investigación tomó impulso con lo hecho por el juez penal de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti.
El caso Cambiaso y Pereyra Rossi se sumó a una treintena de hechos intimidatorios que se habían registrado en los primeros meses de 1983, en perjuicio de militantes populares, magistrados, y hasta exfuncionarios del propio gobierno militar que se atrevieron a formular algunas críticas, tal como lo consignó en su momento el diario montonero "La Voz".
Poco después, a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), abogados de diferentes corrientes políticas conformaron una Comisión Investigadora que se ocupó del caso.
Ordenó además la detención del médico policial José Gobbi, quien trabajaba en la seccional de Lima y tuvo a su cargo la primera autopsia sobre los cadáveres, y del comisario Carlos Pascual Guaragna, quien había ordenado que el examen se realizara en condiciones que fueron definidas como “viciadas”; ambos fueron acusados de falso testimonio y falsificación de documento público.
Gobbi omitió 16 hematomas en distintas partes del cuerpo de Cambiaso “a saber, en regiones mastoides izquierda, dorso mano derecha, dedo medio derecho y en piel despliegue entre dedo índice y pulgar”.
En tanto, el doctor Pedace confirmó que Pereyra Rossi también había sido torturado.
Así se puso fin a los cinco meses que los uniformados habían pasado en prisión.
La investigación judicial del caso Cambiaso-Pereyra Rossi estuvo paralizada por más de dos décadas, a partir del dudoso sobreseimiento de Patti, pero en 2005 fue reactivada por los querellantes y el fiscal federal Juan Murray.