El alcalde accidental, Gonzalo Pérez, sin pruebas, señalaba en su informe que era "despreciable sujeto condenado justamente a muerte", imputándole crímenes de manera genérica.

Su familia, que se trasladó a Barcelona tras la muerte, sufrió la persecución durante la dictadura al intentar incautarles bienes, pero no pudieron al no poseer bien alguno, ni propios, ni heredados del fusilado.

Su familia intentó localizar sus restos, ya que no sabían exactamente dónde había sido ejecutado, pero no encontraron certificado de defunción en los registros de Almería.

Los datos incluidos y el posterior análisis en el expediente de Responsabilidades Políticas, corroboraron que dicho certificado corresponde a Martín Márquez Navarro.

Entre las actuaciones para promover la búsqueda de los restos, en noviembre de 2009 Manuela Márquez y Ana María Márquez, nietas del desaparecido, acudieron a las Naciones Unidas con sede en Ginebra y fueron recibidos por el Grupo de Desapariciones Forzadas.