Desde 2008 denuncian la muerte de 19 jóvenes residentes en Soacha y Bogotá que aparecieron al nororiente del país, en el departamento de Norte de Santander, y fueron presentados como guerrilleros muertos en combates con el ejército.

En 2011 se dio la primera condena con relación a estos hechos.

Una jueza de Cundinamarca dictó sentencia contra el teniente coronel Wilson Javier Castro Muñoz, comandante del Batallón Rafael Reyes; el teniente Villani Realpe, el sargento José Eduardo Ñiámpira Benavides y los soldados Guillermo Pacheco Anzola, Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tavarel, Venancio Puente Guapacha y Germán Augusto Oliveros.

Los delitos imputados fueron homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Además, los dos oficiales y el suboficial, por falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, por haber reportado ante sus superiores como legal un falso positivo.