Las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989-1990), son conocidos entre sus detractores como las leyes de impunidad.
[5] En 1998 el Congreso Nacional derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
[7][8] Solo votaron en contra y se abstuvieron Luis Zamora (troskismo)[9][10] y la Unión Cívica Radical (ya que la ley había sido impulsada por el presidente radical Raúl Alfonsín).
Si bien estas circunstancias no configuraron un eximente de responsabilidad, deben considerarse atenuantes que obligan a disminuir la pena a aplicar, declarando si fuere necesario la inconstitucionalidad de normas penales que no lo permitan.
[14] Respecto de los procesados Porra, Cabrera, Sfulcini, Pelliza y López la sentencia declara que: Otros Tribunales han dictado sentencias que no se encuentran firmes, en causas similares, aprobando la tesis opuesta y declarando por tanto que esas circunstancias no deben incidir en la pena a aplicar.