Ley de Obediencia Debida

Las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989-1990), son conocidos entre sus detractores como las leyes de impunidad.[5]​ En 1998 el Congreso Nacional derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.[7]​[8]​ Solo votaron en contra y se abstuvieron Luis Zamora (troskismo)[9]​[10]​ y la Unión Cívica Radical (ya que la ley había sido impulsada por el presidente radical Raúl Alfonsín).Si bien estas circunstancias no configuraron un eximente de responsabilidad, deben considerarse atenuantes que obligan a disminuir la pena a aplicar, declarando si fuere necesario la inconstitucionalidad de normas penales que no lo permitan.[14]​ Respecto de los procesados Porra, Cabrera, Sfulcini, Pelliza y López la sentencia declara que: Otros Tribunales han dictado sentencias que no se encuentran firmes, en causas similares, aprobando la tesis opuesta y declarando por tanto que esas circunstancias no deben incidir en la pena a aplicar.