La Ley de identidad de género o Ley N° 807 es una ley boliviana aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, promulgada el 21 de mayo de 2016 por el vicepresidente[1] boliviano Álvaro García Linera y publicada dos días después en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo objetivo es garantizar la identidad de género de personas transexuales y transgénero al permitir el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen en toda documentación pública y privada.
[2] El anteproyecto de ley fue promovido por organizaciones que luchan por los derechos LGBT+, como IGUAL,[3] Trans Red Bolivia (Red TREBOL) y la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales Femeninas de Bolivia (OTRAF Bolivia)[4] y por activistas, como Tamara Nunez del Prado[5], Raiza Torreani, Laura Libertad Alvarez y [6]Pamela Valenzuela.
El 9 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional N° 0076/2017 que determinó la inconstitucionalidad de la ley en relación con varios derechos fundamentales de las personas trans.
La acción duró 9 días y dio como resultado el auto constitucional aclaratorio N.º 0028/2017 que garantiza el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas trans en base al género asumido.
Sin embargo, no se reparó la suspensión de cuatro derechos reconocidos en la Ley N° 807, como son: el matrimonio, la adopción, la confidencialidad y la paridad en procesos de participación política.