Para ello, la Ley propone un marco legal dirigido a garantizar estos procesos de elección democrática.
En el caso del financiamiento público, este sólo estaba regulado fundamentalmente por la modalidad de la llamada franja electoral.
[8] Según la ley, los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso recibirán del Estado financiamiento público directo.
Estos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la República.
[11] Como resultado, desde 2019, el financiamiento de origen anónimo y/o desconocido es considerado un delito en el Código Penal.