La ley fue aprobada con los votos de los partidos políticos PSOE y CHA, y con la oposición de PP y PAR, los cuales objetaban la denominación de catalán para designar a la lengua propia del Aragón Oriental, e IU,[6][7] que criticaba que la redacción de la ley dejaba demasiado abiertas a la interpretación varias de las medidas previstas en la ley en favor del aragonés y el catalán.
Esta ley reconocía la existencia en Aragón de tres lenguas y el carácter del aragonés y del catalán como lenguas propias originales e históricas de Aragón sin declarar a dichas lenguas como cooficiales al no prever esta posibilidad el Estatuto de Autonomía de Aragón que únicamente considera lengua oficial al castellano.
Ninguno de dichos organismos llegó a ponerse en funcionamiento durante el periodo en que la ley estuvo vigente.
Tanto el PAR como el PP activaron sendas campañas en contra de la aprobación y despliegue normativo de la ley; en tanto que IU abogaba por el reconocimiento de derechos a los hablantes de las lenguas propias en todo el territorio aragonés, suprimiendo así la zonificación lingüística establecida.
Este recurso fue inadmitido por el Tribunal Constitucional,[9] que denegó asimismo la postulación de los ayuntamientos de Aguaviva, La Ginebrosa y Nonaspe.