Dicho esto, en lo que mejor posicionada está España, no sólo dentro de sus propios indicadores, sino a nivel mundial, es precisamente en inflación, por lo que esta variable es la que menos está perjudicando actualmente la competitividad de España.
[2] Aunque la ley se aprobó en 2015, la baja tasa de inflación observada en España en el momento debido a la situación de crisis económica hizo que el desarrollo reglamentario de la norma no fuese urgente.
[3] Fue en febrero de 2017 cuando el gobierno aprobó el Real Decreto que incluía el reglamento de la ley, debido al aumento de la inflación que se observaba en los meses anteriores, lo cual podía poner en peligro, según el gobierno, el crecimiento económico que había experimentado España en los últimos años, basado en la competitividad en los mercados extranjeros.
[4] El sindicato UGT criticó la ley porque, a su juicio, esta podía afectar a la negociación colectiva y reducir la capacidad adquisitiva de los trabajadores de empresas que trabajan para el sector público.
[5] Por su parte, el Consejo Económico y Social avisó de que la ley podría desincentivar la participación de empresas en proyectos a largo plazo como los relacionados con obras públicas.