[2][3] Establecía que el gasto público no podía superar la recaudación.
Si ese fuera el caso, todos los gastos debían reducirse de manera proporcional, incluyendo partidas como las jubilaciones y los salarios.
La LDC fue el octavo intento de la Alianza de equilibrar las cuentas públicas, puesto que con anterioridad había aplicado ya 7 recortes presupuestarios en nada más que dos años de mandato.
A los cuatro meses de sancionada la ley, el riesgo país se había duplicado y superaba los 3.000 puntos.
[6] Además el déficit fiscal no pudo controlarse y en el 2001 llegó a 16.500 millones de dólares,[7] alcanzando un déficit mayor que el del año 2000, representando en 2001, un déficit de -5,52% del PBI y en 2000 de -3,52%.