La Ley Ingrid es un conjunto de reformas legislativas mexicanas que buscan evitar la exposición de las personas ante los medios para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares y con ello combatir la violencia mediática de género; sancionando a personas servidoras públicas y ciudadanas que fotografíen, difundan y/o publiquen imágenes, videos, audio, documentos o evidencia de una investigación penal o información relacionada con una víctima.
[1] En octubre de 2021 Laura Imelda Pérez Segura, diputada del partido Morena, presentó la iniciativa para que se realice la modificación del artículo 225 del Código Penal Federal, señalando que la Ley Ingrid busca acabar con la revictimización y la violencia institucional que sufren las mujeres en México.
Deberá ser discutida y avalada por el Senado de la República.
[12] La Ley Ingrid impone de 4 a 10 años de prisión y multas de 100 a 150 días valor UMA a las personas servidoras públicas que difundan imágenes, videos e información relacionada con un procedimiento penal.
Se considerará delito cometido por una persona servidora pública: el que por sí o por interpósita persona, por cualquier medio o fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con alguna investigación penal.