Ley Antiterrorista (Argentina)

[3]​[4]​[5]​ La reforma posterior derogó la figura de «asociación ilícita con fines terroristas» pero agregó al Código Penal el artículo 41 quinquies, que eleva al doble la pena para los casos en que «alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo».Ello se refiere a que investigará los siguientes delitos: y finalmente, «Financiación del terrorismo», artículo 213 quater Código Penal.[6]​ También se da la crítica en cuanto al hecho de que los jueces interpreten libremente las «acciones terroristas» o «actos extorsivos a las autoridades».[7]​ También se critica los agravantes que impone la ley según se interprete positivamente el terrorismo; y el congelamiento de activos con el único fin de comunicárselo a la Justicia.[9]​ Debido a las críticas que recibió el proyecto original el Ejecutivo introdujo un párrafo al artículo 41 quinquies de la Ley 26 734 en el que se establece «Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.» También dicha Ley modificó el artículo 33 del Código Procesal Penal estableciendo que solo entenderán los Jueces con competencia federal, evitando así la intervención de los jueces provinciales.