El caso según Amnistía Internacional y la OEA tiene connotaciones políticas,[3]​[4]​ ya que se da posteriormente a la crisis por la renuncia del presidente Evo Morales, en donde Arce fue ministro de economía, y la asunción de Jeanine Áñez como «presidente interino».

[4]​[4]​ lo que provocó reacciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentra la Unión Europea,[5]​ las Naciones Unidas[5]​ y los gobiernos de Brasil,[6]​ Estados Unidos,[7]​ Ecuador,[8]​ Perú,[9]​ etc.

Juicios realizados por el gobierno estadounidense Arturo Murillo se encontraba en Miami como refugiado.

[21]​ El 16 de marzo se detuvo al general Jorge Pastor Mendieta, sin una orden anticipada cuando asistió voluntariamente a la fiscalía sin haber sido citado previamente.

[22]​ El 26 de noviembre de 2020, la exdiputada Lidia Patty del MAS presentó ante el Ministerio Público una acusación formal a la administración Áñez, sus ministros, sus militares y fuerzas policiales por lo acontecido en 2019.

[28]​ El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias comunicó que la expresidente será supervisada por un equipo médico verificado por la ONU.

La RJC participó activamente en las protestas dando apoyo y evitando asaltos y ataques de sectores sociales afines a Evo Morales contra la ciudad de Cochabamba.

Sin embargo, se revocó la libertad irrestricta dada por acción de la jueza Mendizabal y se procedió a arrestar por segunda vez a Molina y detenerlo por 6 meses en la capital.

[38]​ El ministro del interior, Iván Lima, informó que no existe la posibilidad de acusar penalmente a los senadores Eva Copa y Sergio Choque, que ocuparon la presidencia de las cámaras legislativas durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, pese a que algunos sectores del MAS solicitaron hacerlo.