Joaquín Rodríguez Lugo (22 de septiembre de 1942) es un prestigiado abogado, político, exfuncionario público y actual líder de profesionistas mexicano, originario del Estado de Coahuila, padre del Doctor Joaquín Rodríguez Lugo Baquero, casado con la Señora Martha Angélica Baquero Malpica; miembro del Partido Revolucionario Institucional y Presidente del Colegio de Abogados del Valle de México A.C.
Se desempeñó como Secretario del Ayuntamiento, Presidente del Comité Directivo Municipal de su partido(PRI) y luego Presidente Municipal, todo lo anterior en Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México; ( importante municipio ubicado al norte de la Ciudad de México que esta conurbado con ella desde 1959) en dos diferentes periodos, la primera ocasión por designación del congreso del Estado de México, durante la gubernatura del profesor Carlos Hank González, entre los años 1974 y 1975 (nombramiento por Ministerio de Ley), durante el cual implemento el Plan Rector Vial, que amplio todas las vialidades principales del municipio, entre las cuales se puede mencionar Gustavo Baz Prada (antes Circunvalación) 8 carriles, Miguel Hidalgo y Sor Juana Inés de la Cruz en Tlalnepantla de Baz, Puente de Vigas, Tenayuca, etcétera, (le sucedió en el cargo el Lic.
Mario Ruiz de Chávez, Lic.Sergio Mancilla, Lic.Jorge Torres Rodríguez y Lic.
Gabriel Ezeta Moll; con lo que se sentó la base de esta integración de recursos locales y federales que se aplica para la creación del actual Fondo Metropolitano, instancia actualmente responsable de importantes inversiones anuales en infraestructura regional en todo el territorio nacional, fundamentalmente en proyectos de infraestructura en algunas de las 59 zonas metropolitanas mexicanas identificadas en los estudios elaborados por INEGI Y SEDESOL.
Esta organización dirigida por Joaquín Rodríguez Lugo ha logrado en 2016 con el apoyo e intervención de sus filiales y el apoyo del entonces Gobernador Eruviel Ávila, la derogación del párrafo tercero del artículo 193 del Código Penal del Estado de México, destinado a criminalizar a los usuarios de vehículos automotores que no porten placas o tarjeta de circulación, interponiendo su secretario de Derechos Humanos Maestro Leonel Marcelo López Caamaño y un grupo numeroso de abogados, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Acción de In-constitucionalidad que dio como resultado la revocación del decreto que la aprobaba.