Redactado en 1991 por una comisión presidida por Fernando Abril Martorell, apellido del que tomó su denominación.
Este informe fue muy criticado en su momento y quedó relegado aparentemente en el olvido.
[1][2] Seguidamente se realiza un resumen amplio del mismo: El origen de la Comisión se debió a los profundos cambios sociales y sanitarios que, en todo el mundo, perturbaban los sistemas de asistencia médica.
La adaptación la habían realizado otras naciones europeas con anterioridad como Países Bajos, Reino Unido, Suecia, etc., y de otros continentes.
Las variaciones demográficas, los nuevos comportamientos sociales, la presión incesante del acelerado progreso técnico médico, producían crecientes tensiones económicas.
Esto llevó a consecuencias negativas en eficacia, equidad y calidad de los servicios sanitarios.
Las reformas en los países con sistemas semejantes al español (Gran Bretaña y Suecia) van en esa dirección.
Para promover la responsabilidad, motivar y estimular la productividad en los centros asistenciales es necesaria una mayor flexibilidad de la vinculación del personal, que salvaguarde los derechos básicos adquiridos y en un cambio gradual, con diferencias del personal ya adscrito con el de nuevo ingreso.
Las instituciones asistenciales tienen escasa capacidad de elegir, no pudiendo modificar las plantilla a nivel local.
Toda innovación necesita ser evaluado con criterios de ensayo clínico o experimental, previos su difusión.
Se precisa un regulación por parte de las autoridades sanitarias para su adquisición y distribución.
Se deberá basar en sistemas homogéneos aceptados con procedimientos de autocontrol tanto internos como externos que permitan comparar.
Se deberá clarificar entre atención social y asistencia sanitaria con la imputación de su coste nítido.
Hasta entonces la coexistencia pública y privada se desarrolló mediante compartimentos estancos, sin información comparativa.
La comisión cree que es fundamental tener datos, con una metodología explícita y rigurosa, para su comparación.
La atención sanitaria se comporta como un bien superior, es decir, aumenta a un ritmo mayor al proporcional con la renta per cápita.
Se tendrá que valorar si los recursos públicos pueden financiar la totalidad de dicho incremento.
En el primer modelo la responsabilidad y visión del déficit quedaba diluida.
Esto fue una evolución en las últimas décadas, iniciándose en los años 60 con la financiación de las cotizaciones sociales.
Para ello se debe cobrar lo que no forma parte de la prestación básica, que el sistema no cobra (seguros da automóviles, privados etc.) y en segundo lugar abriendo un campo de prestaciones opcionales y en tercer lugar, si las circunstancias lo aconseja, a una participación directa del usuario.
La Comisión recomienda modificar la vinculación laboral del personal, para que los centros tengan más capacidad de decisión.
La provisión con medios no públicos tiene que ser complementario para devolver eficiencia al sistema, con mayor participación y competencia leal.
Los recursos deben asegurar el sostenimiento de los servicios y la distribución equitativa.
Reconociendo que la medida sería impopular, aconsejando la participación en el coste, compensando con otras cuantías en pensiones o de tipo fiscal.
Por ello la Comisión recomienda: Las listas de espera se encuentran presentes en todos los sistemas de salud europeos, más dilatados en los financiados básicamente por presupuestos generales y menos en los soportados por la Seguridad Social.