A diferencia del impuesto a los bienes raíces (también conocidos como impuesto a bienes inmuebles o contribuciones territoriales), se ignoran el valor de los edificios, los bienes personales y otras mejoras.
El impuesto sobre el valor de la tierra es generalmente favorecido por los economistas porque (a diferencia de otros impuestos) no causa ineficiencia económica y reduce la desigualdad[1].
Muchos economistas desde Adam Smith y David Ricardo han abogado por este impuesto, pero se asocia principalmente con Henry George.
Un impuesto sobre el valor de la tierra es un impuesto progresivo, ya que lo pagan en mayor proporción los propietarios de tierras más valiosas, que tienden a ser ricos.
Dado que la cantidad de tierra es fija, la carga tributaria no se puede trasladar a los arrendatarios.