Fue ampliamente criticado por gravar los bienes de primera necesidad (de comer, beber y arder): alimentos, bebidas alcohólicas, combustibles y sal.
Protagonizó el debate político, económico y social entre las distintas ramas del liberalismo español.
[1] Fueron abolidos en 1868 por el gobierno del General Serrano por tratarse una de las más antiguas reivindicaciones de las clases populares —el propio José Canalejas los consideraba «una expoliación del proletariado»—.
Pero para conseguir la aprobación de la ley que los sustituía por un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas, que tendrían que pagar las clases acomodadas, Canalejas tuvo que emplearse a fondo con los diputados de su propio partido que se oponían al proyecto, amenazándoles con que «quien no vote [esta ley] está frente a mí y está fuera del partido liberal, sometido a mi jefatura por su voluntad».
A pesar de todo treinta diputados votaron en contra.