El Impuesto a las Grandes Fortunas de Bolivia (IGF) es un impuesto anual que el estado boliviano recauda de las grandes riquezas patrimoniales del país a partir del año 2021 y a través del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Cabe mencionar que dicho impuesto se aplica solamente al patrimonio personal y no a las empresas.
La historia de este "impuesto especial" se remonta a la campaña electoral para las elecciones generales de Bolivia de 2020, pues durante esa época, el aún todavía candidato presidencial Luis Arce Catacora, en una entrevista con el periódico británico "The Financial Times", señalaba que dentro de su plan de gobierno se encontraba la posibilidad de crear un impuesto a la riqueza patrimonial.
[1][2] En otra entrevista periodística, Arce justificaba dicho impuesto diciendo lo siguiente: Para la creación de dicho impuesto, el 26 de noviembre de 2020, el presidente constitucional de Bolivia Luis Arce Catacora presenta a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley del "Impuesto a las Grandes Fortunas" (IGF).
[16][17] Dos días después, el 30 de diciembre de 2020, Arce firma el Decreto Supremo N° 4436 que reglamenta a la Ley 1357.