El Impuesto Inmobiliario es un tributo que aplican todas las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires sobre la propiedad inmobiliaria, ya sea urbana o rural.
[1] El Congreso Constituyente de 1853 creó la “contribución territorial” que imponía un pago anual a las propiedades urbanas y rurales dentro del territorio de la Confederación.
En 1905 aparece otro antecedente del tributo con la creación del "impuesto a las sucesiones" y en 1911 el “impuesto al mayor valor de las propiedades inmuebles”.
[2] Las provincias poseen poderes tributarios originarios, potestad sobre las contribuciones directas (entre ellas el impuesto inmobiliario) y facultad concurrente con la Nación sobre los impuestos indirectos, no pudiendo ejercer el poder delegado a la Nación (Artículo 75° y 126°).
Los municipios no poseen potestades impositivas originarias, pero desde 1994 la Constitución Nacional incorporó la autonomía municipal, debiendo las provincias fijar su alcance en materia económica – financiera (Artículo 123°).