Su detonante fue la privatización del abastecimiento de agua potable a nivel municipal.

¿Instituciones o psicópatas?, en España), en la ficción También la lluvia, así como en la propia página web de Bechtel.

Para muchos, la ley parecía conceder a Aguas del Tunari el monopolio sobre todos los recursos hídricos.

Aguas de Tunari no solo podría haber instalado las conexiones necesarias para conectarse a los sistemas comunales independientes, sino que también habría podido cobrar a los residentes por la instalación de estas conexiones.

La ley indicaba además que la población requeriría una licencia para recoger el agua de lluvia, una política inaplicable.

FEDECOR estaba compuesta por profesionales locales, incluyendo ingenieros (SIB-Departamental CBBA con el Ing. Maldonado a la Cabeza) y ecologistas, una federación de los granjeros campesinos, y la Central Obrera Boliviana dirigida por Óscar Olivera.

Estos grupos se unieron y formaron la Coordinadora para la defensa del agua y de la vida, ente que se convirtió en la base de la oposición a la política.

En la ignorancia completa de la realidad de su situación, un encargado para el consorcio, Geoffrey Thorpe dijo simplemente que "si la gente no pagaba sus cuentas del agua se le cortaría el servicio".

Ya el servicio, por ser escaso, era regulado por horarios y zonificado, por tanto esta declaración generó en las familias de diferentes clases sociales el rechazo al incremento y cobro de un servicio que en algunas ocasiones no llegaba a sus domicilios.

Dirigentes de sectores sociales intentaron dialogar con el gobierno, y acudieron junto a la iglesia católica a una reunión en la Prefectura (hoy Gobernación), dirigida por el Prefecto Hugo Galindo Saucedo, el alcalde Manfred Reyes Villa, el Monseñor Tito Solari, Arzobispo del departamento, Oscar Olivera, dirigente fabril y de la Coordinadora del Agua, Omar Fernández, dirigente de los regantes, y representantes del Gobierno, que se vieron sorprendidos al ser detenidos en pleno diálogo y encarcelados por algunas horas en celdas de la Policía Técnica Judicial (PTJ).

Hugo Banzer estaba preocupado porque, según él, «los grupos y los traficantes están instando a granjeros para enfrentarse al ejército».

Félix Santos, un líder de los campesinos, refutó tales acusaciones diciendo que estaban protestando por los altos precios de la gasolina y del transporte y por la ley que carga con tasas el uso del agua.

En la ciudad de La Paz, los estudiantes comenzaron a luchar batallas corrientes con la policía.

El conflicto estalló a principios del 2000 y se extendió hasta abril, según el historiador Rafael Puente Calvo puede ser dividido en cuatro batallas:[4]​ Inicia el 10 de enero del 2000 con el manifiesto lanzado por la Coordinadora del Agua bajo la consigna "Los derechos no se mendigan, los derechos se conquistan"; se convoca al "Bloqueo indefinido por la dignidad civil” del que también participa la COD, la Federación de Maestros y también el Comité Cívico, aunque estos últimos solamente participan las primeras 24 horas.

[11]​ Posteriormente las fuerzas del estado fueron acuarteladas y los denominados "guerreros del agua" tomaron la plaza principal y sus alrededores al tiempo que se realizaban los actos de entierro, el gobierno retoma las negociaciones.

El gobierno de Hugo Banzer entonces dijo que Aguas del Tunari había dejado Cochabamba, «había abandonado» la concesión y declarado el contrato 200 millones de dólares estadounidenses revocado.