[1] La filtración evidenció que la compañía estaba vendiendo software de vigilancia a gobiernos represores como Baréin, Uzbekistán, Etiopía o Sudán, a pesar de que este último tiene un embargo para la adquisición de armamentos por parte de las Naciones Unidas por su persecución a activistas, periodistas y opositores políticos.
[2] Existen restricciones similares para los otros países también.
[3] La filtración de documentos internos también mostró que 35 naciones habían adquirido software de vigilancia, lo que desató una discusión global sobre el uso legal de estas herramientas.
Los países listados como compradores fueron Egipto, Etiopía, Marruecos, Nigeria, Sudán, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Estados Unidos, Azerbaiyán, Kazajistán, Malasia, Mongolia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Uzbekistán, Vietnam, Australia, Chipre, República Checa, Alemania, Hungría, Polonia, Italia, Luxemburgo, España, Rusia, Suiza, Baréin, Omán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
[1] Los correos electrónicos también vincularon a los gobiernos de Argentina,[4] Perú,[5] Paraguay[6] y Uruguay[7] como potenciales compradores.