Además aparecían otros 1400 donantes, más pequeños, que suman 20 millones, integrados por funcionarios, empleados públicos, personas en relación de dependencia, monotributistas y hasta algunos jubilados.

En muchos casos, figuran dos o más ejecutivos de una misma empresa, aunque en los papeles aparecen como donaciones.

Sostuvo que todo ese dinero era manejado por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y Diego Santilli, junto con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de campaña en la Provincia, Federico Salvai.

Ahí tienen un búnker, funciona una municipalidad paralela y hasta hay despacho de Vidal”.

[8]​[9]​ La denuncia publicada en el sitio web condujo a tres causas judiciales diferentes: la primera de ellas en manos del fiscal electoral Jorge Di Lello, las otras fueron instruidas una por el juez platense Ernesto Kreplak, —a instancias de una denuncia presentada por la diputada provincial María Teresa García (FPV)—, y la restante por el juez federal Sebastián Casanello.

[12]​ Finalmente quedaron señalados como responsables María Eugenia Vidal (en su rol de Presidenta del Partido Pro en la Provincia de Buenos Aires) María Fernanda Inza, Gabriel Maximiliano Sahonero y Darío Omar Duarte (responsables económicos del partido), los candidatos Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores; y Carla Silvia Chaban y Alfredo Gabriel Irigoin (responsables económicos de la campaña realizada por la citada Alianza Cambiemos).

Lo encontró culpable de los hechos denunciados y lo condenó a no poder ejercer cargos públicos.

Según la investigación, los referentes del PRO santafesino no pudieron justificar el origen y destino de unos 300 mil pesos.

[16]​ Días más tarde, la fundación La Alameda amplió ante el juez Sebastián Casanello la denuncia por lavado de dinero contra Cambiemos aportando nuevos casos de personas que negaron haber realizado aportes financieros.

En primer lugar, la gobernadora María Eugenia Vidal, tras 20 días de silencio, se vio obligada a hablar sobre el escándalo.

Ese mismo día Vidal designó como contadora general de la provincia de Buenos Aires a María Fernanda Inza, también denunciada penalmente por su presunta participación en la recaudación irregular del PRO.

La causa sobre aportes truchos en la provincia patagónica quedó radicada en el juzgado Federal de Tierra del Fuego Federal y los propios denunciantes, integrantes del PRO, acusaron al magistrado Federico Calvete de cajonear el expediente.

En el audio se escucha al diputado del PRO relatar cómo falsificó avales para obtener la candidatura que lo convirtió en legislador, cómo se reunió con un juez en Buenos Aires para presionar por la causa penal en la que lo imputaron luego de esa maniobra, y las “mentiras” que dijo el Presidente Mauricio Macri para llegar al poder.

Según informaron medios periodísticos, la Provincia de Buenos Aires contrató con dinero del estado provincial los servicios externos del estudio encabezado por Alejandro Pérez Chada,[50]​ abogado de Mauricio Macri en Boca Juniors, defensor de Gustavo Arribas, Gabriela Michetti, Juan José Gómez Centurión y Juan José Aranguren, entre otros.

[51]​ Luis Hipólito Alén, querellante en la causa, señaló que "La Provincia no está denunciada ni involucrada.

La que está metida es María Eugenia Vidal que, si bien es la Gobernadora, no está implicada por su cargo, sino por ser presidenta del PRO y porque la campaña la llevó a ella como cabeza de lista".

Jorge Lanata no le dio espacio ni tratamiento al asunto, en un intento de minimizarlo.

La periodista Liliana Franco sostuvo que por "prejuicio" no difundieron la investigación de El Destape desde un primer momento.

El diputado provincial bonaerense Guillermo Kane, del Partido Obrero, señaló en un comunicado:[66]​

Karen Arrúa, quien había sido presidenta de los Jóvenes PRO en Esteban Echeverría y renunció al comprobar las medidas económicas del gobierno, denunció intimidaciones a los testigos y señaló que "hay mucho miedo entre los vecinos por el tema de los aportes truchos, están sufriendo intimidaciones".

[70]​[71]​ El periodista Hugo Alconada Mon en su libro "La raíz de todos los males" que investiga la corrupción en Argentina, reveló que durante la campaña Mauricio Macri pedía a importantes empresarios el 1% de su patrimonio para financiamiento electoral.

Posteriormente Alconada Mon ratificó sus dichos ante el juez platense Ernesto Kreplak.

[74]​[75]​ El escándalo que inicialmente solo tuvo cobertura de algunos medios locales, llegó a la prensa internacional cuando las denuncias y las investigaciones adquirieron mayor volumen.

Al respecto se expresó durante el coloquio: Diferentes personalidades invitadas por la Pontificia Academia de las Ciencias, disertaron en Austria y dieron como ejemplo las irregularidades éticas del macrismo al momento de reunir dinero ilegal para la política.

[86]​ La decisión fue adoptada por Martín Irurzun, juez cercano al gobierno, quien argumentó cuestiones formales y envió la causa nuevamente a sorteo.

[88]​ En su investigación Casanello decidió enviar a peritar las firmas mediante expertos de la Corte Suprema.

[90]​ Una semana antes, Irurzun se había reunido con uno de los máximos operadores judiciales del Gobierno, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien además es abogado de la familia Macri y diputado del Parlasur por Cambiemos.

[91]​ El periodista Horacio Verbitsky dio a conocer una foto tomada durante esa reunión.

Las víctimas manifiestan temor ante una posible pérdida de la fuente laboral si sus nombres llegaban al conocimiento del público.

Estas personas manifestaron que figuran como aportantes privados para la campaña electoral de 2015, «pero también para la alianza “Cambiemos Buenos Aires” del año 2017 y de la alianza política “Vamos Juntos” también en 2017, y que llevó como candidatos a las actuales Diputadas Elisa Carrió y María del Carmen Polledo».