Poco antes se había aprobado una ley sobre el establecimiento de una Comisión Electoral Independiente, para asegurar una imparcialidad en el conteo de los votos.
Se introdujo además una enmienda donde exigía que un presidente elegido en dos ocasiones anteriores, no calificaría para concurrir a las elecciones.
Ante esto, el UNIP decidió no participar de las elecciones a modo de protesta, acción secundada por cinco partidos aliados.
Los principales grupos de vigilancia locales eran el Equipo de Monitoreo Independiente de Zambia, la Fundación para el Proceso Democrático y el Comité de Campaña Limpia, que declararon finalmente que, a raíz del veto generado hacia la oposición, las elecciones no fueron ni libres ni justas.
Solo dos organizaciones las declararon justas, el Rescate Monitoreo Patriótico y el Consejo Cristiano de Zambia.