[4]​ En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la petición inicial hecha en 2008 por once mujeres víctimas de distintas conductas criminales en los hechos, representadas por el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH)[5]​ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En una audiencia pública realizada por este tribunal internacional en 2017 a las once mujeres víctimas peticionarias, la CIDH destacó que dada la severidad de la violencia a las víctimas por la policía mexicana, el caso es "emblemático por la tortura y discriminación por razones de género".

[9]​ Dichos campesinos conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) e iniciaron movilizaciones que consiguieron apoyos sociales en la capital mexicana y otros estados.

Los ambulantes emplearon machetes para repeler a la policía y se atrincheraron en la casa ubicada en Manuel González número 5, de donde fueron detenidas con violencia y destrucción del patrimonio 84 personas, allanando casas particulares, a las 17:45 horas.

Los medios de comunicación como Televisa y Televisión Azteca transmitieron de forma repetida las imágenes en donde los manifestantes golpearon a un policía antimotines en los testículos cuando ya se encontraba en el suelo.

En transmisión televisiva de alcance nacional a las 15:20 (hora local de México) por el noticiario Hechos meridiano de Televisión Azteca con el conductor Jorge Zarza, el reportero Miguel Aquino hablaba sobre como los pobladores hacían correr a los elementos policiacos en la autopista y declara:[17]​ a lo que el conductor Jorge Zarza responde La conductora del programa Gloria Pérez Jácome ante una llamada del público que pedía imparcialidad en la cobertura informativa le contesta al aire: Por la noche el gobernador Peña Nieto declara a la misma cadena televisiva que el asunto no estaba resuelto, pero que "estaba detenido el autor intelectual de estos hechos, Ignacio del Valle".

El operativo fue diseñado por Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la ASE, quien observó en un sobrevuelo en helicóptero que la parte sur del pueblo no estaba reforzada por manifestantes, por lo que cinco grupos de policías, con la PFP como vanguardia, tomarían al día siguiente el poblado.

El operativo final, en donde fueron liberados los retenidos, se realizó con la destrucción del auditorio municipal y violencia excesiva, particularmente en la calle Florida.

En las imágenes televisivas, obtenidas en la primera línea de acción policiaca y transmitidas en vivo por Televisa y Televisión Azteca, se observa como hasta diez o quince policías golpean a una sola persona.

[3]​ Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en su recomendación 2006/0038 en este operativo los servidores públicos que participaron en el operativo cometieron los siguientes hechos violatorios: En todas estas acciones, según la SCJN: Según Amnistía Internacional: A las 18:00 horas el Secretario de Gobierno Humberto Benítez reportó 33 policías heridos y 31 participantes en el disturbio detenidos.

[24]​ Los acontecimientos fueron citados en su contra durante las elecciones presidenciales de 2012, donde resultó electo.

Además de diez personas acusadas por el delito de secuestro equiparado han sido sentenciadas a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel en el Penal de Molino de Flores Texcoco sus nombres son: Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espinosa Ramírez, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Romero, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuellar Rivera y Eduardo Morales Reyes.

En este marco, se presenta el informe colaborativo "12 presos por la defensa de la tierra"y América del Valle, perseguida política, decide pedir asilo a la embajada de Venezuela en México.

[30]​ Debido a que consideraron que en México no se había hecho justicia al caso, en 2008 once mujeres víctimas del operativo policiaco presentaron ante la CIDH una petición por los presuntos delitos en contra suya, apoyadas por el Centro PRODH y la CEJIL.

En 2011 la CIDH dio aceptación a la petición luego de una investigación y audiencias.

artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2 b), 8.2 d) y 8.2 e) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

b) La violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada, autonomía y dignidad, a la igualdad y no discriminación, a no ser torturada y a vivir libre de violencia, establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 11 y 24 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en los artículos 1 y 6 de la CIPST y en el artículo 7.a) de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, por las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe.